LAPORTA I, EL PRESIDENTE EMÉRITO (V)

La ejecución de la condena de los avales, paralizada por un juez espiado desde la presidencia del Barça

De cómo empezó todo, de esa locura de pérdidas y descontrol financiero, excesos y libertinaje como conducta del permanente desacato a la ley, se destacaba en el anterior capítulo que Joan Laporta infringió gravemente los estatutos no convocando las elecciones cuando tocaban. ¿Por qué? Pues porque no, porque le convenía esconder la arrogante e ilegal maniobra suya y de de Ferran Soriano de cargarle a Gaspart el muerto de las pérdidas de 63,4 millones que él mismo se había inventado como depreciación de la plantilla.

Todo, por no avalar, por no cumplir la ley, por presumir de una gran gestión y disponer de fondos para pasarlo mejor que bien mientras estaba en el cargo, su especialidad, propia de un presidente emérito que, contando hasta hoy, lleva 23 años viviendo del Barça con la clara intención de seguir aprovechando ese filón.

Un juez le obligó a convocar elecciones en verano de 2006 porque los ocho días de junio de 2003 contaban como un año de mandato. Como consecuencia, las cuentas eran distintas a las presentadas y aprobadas en asamblea los años anteriores, razón por la que un socio, Vicenç Pla, firmó la no menos famosa demanda de los avales. Tras años de pleitos, finalmente, la Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta y siete de sus directivos confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial que les condenó a presentar un aval por las pérdidas de la campaña 2002/03, primera de Laporta, de 63,8 millones de euros, y también al pago de las de costas judiciales.

Laporta y los exdirectivos Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfonso Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste y Albert Perrín, debían avalar de hecho unos 23 millones de euros correspondientes al 15 por ciento del presupuesto que el FC Barcelona aprobó para la temporada 2006-07 y que, según la sentencia, debía haber sido avalado por la junta directiva de entonces al haber acumulado pérdidas -63.381.101 euros- al final de su primer mandato.

Para entonces, el proceso ya estaba en fase de la ejecución de la sentencia de la Audiencia y se habían iniciado incluso los procesos de embargo de bienes a punto de caer sobre los directivos. El juez Nuno de la Rosa fue el gran protagonista del caso, pues contra todo pronóstico, y tras haberse filtrado que había redactado una sentencia condenatoria en primera instancia, dio la razón a los demandados. Igualmente, la Audiencia Provincial los condenó después y tampoco prosperó el recurso ante el Supremo. Luego trascendió que en la época del primer fallo, por orden del presidente Joan Laporta y del Director General, Jaume Oliver, el juez Nuno de la Rosa fue investigado y espiado por la agencia de detectives Método 3, un episodio que curiosamente no llamó la atención del propio juez. De la Rosa, responsable de la ejecución de la sentencia elevada a firme por el Supremo, dilató extraordinariamente sus obligaciones y no dudó en volverla a suspender cuando, una década más tarde de los hechos, entró en los tribunales una demanda de acción de responsabilidad contra esos mismos directivos por haber arrastrado y acumulado esas pérdidas hasta el final del mandato en 2010 por 47,6 millones de euros.

La suma contenía los avales pendientes por los que Laporta y su junta ya habían sido condenados y los más de 80 millones de las pérdidas del último año de mandato que, restados de los beneficios acumulados, seguían dando un saldo negativo.

Si la historia de los avales ya había dejado un poso de sospecha judicial sobre las ventajas de contar con un juez espiado y proclive a una lentitud exasperante a la hora de hacer cumplir la ejecución de la sentencia, al extremo de paralizarla por el vuelo de una mariposa, el juicio y desenlace del caso de la acción de responsabilidad superaría cualquier expectativa. Laporta y los suyos volverían a ser condenados por lo mismo, por haber producido de nuevo pérdidas millonarias, aunque siempre con la sensación de fondo de que fuerzas enormemente poderosas, fácticas, políticas sobre todo, movían los hilos para que la justicia finalmente encontrara el modo de salvar a Joan Laporta y condenar al Barça y a su patrimonio, al dinero de los socios, a pagar las fiestas de quien hoy aspira a volver al cargo con la complacencia y la protección de esos mismo intereses económicos, empresariales y políticos. ¿Resistirá el Barça otra época atilana de Laporta, dispuesto a volver para arrasar con todo?

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