El Tribunal Supremo ha optado por inadmitir 20 querellas y 30 denuncias que presentaron varios sindicatos, entidades, organizaciones profesionales de los ámbitos de la sanidad y de las fuerzas de seguridad, familiares de víctimas de la Covid-19 y el partido político Vox contra el gobierno de España por la gestión de la pandemia.
La Sala Penal del Supremo no aprecia indicios de delito que señalen a los miembros del ejecutivo, como había concluido la Fiscalía. En este sentido, sostiene que no se ha justificado debidamente la autoría de los hechos denunciados.
En cambio, el Supremo deduce testimonio de las querellas y las denuncias, y ha acordado remitirlas a un juzgado de Madrid para que inicie las causas penales que considere oportunas o las acumule en las que ya se hayan tramitado.
El auto del Supremo, en particular, indica a los juzgados ordinarios que las investigaciones que emprendan sobre la gestión de la pandemia deben incidir en las muertes en las residencias geriátricas, en la posible omisión de las medidas de seguridad a trabajadores sanitarios y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en si se cometió malversación con la adquisición de material defectuoso.
Si las diligencias practicadas por estos juzgados detectan indicios de responsabilidad contra algún aforado, entonces los jueces, mediante una exposición razonada, podrán devolver el asunto al Supremo, explica la misma resolución.
