Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado la obligación de dar al menos un 25% de las clases en castellano en las escuelas catalanas. La resolución, que no es firme, estima parcialmente un recurso que interpuso en 2015 la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Educación, durante la etapa que lo dirigía el ministro José Ignacio Wert.
El TSJC considera que se hace un uso «residual» del castellano, al menos en buena parte de las escuelas, y que se ha de impartir otra materia troncal en esta lengua, además de la asignatura de lengua castellana, y que no debe ser una materia lingüística.
La sentencia obliga a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para asegurar de manera «efectiva e inmediata» que se enseña usando como vehiculares ambas lenguas oficiales, que no pueden ser empleadas por debajo del 25%.
El Departamento de Educación de la Generalitat, según los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), prevé presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la resolución, que afecta al modelo de inmersión lingüística, si bien sus efectos previsiblemente quedarán superados por la entrada en vigor de la nueva legislación educativa, la LOMLOE.
