La comprobación de la declaración complementaria presentada por el rey emérito de España, Juan Carlos I, se realizará de forma automática y sin ser postergada, según fuentes vinculadas a Hacienda citadas por El Periódico, a través del contraste con las cifras que reciba la justicia española de las comisiones rogatorias enviadas a México y el Reino Unido sobre los movimientos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Según esta información, si el importe de las rogatorias no encaja con el que acaba de pagar Juan Carlos I, 678.393,72 euros correspondientes a los ejercicios de 2016 a 2018, el rey emérito deberá aportar documentación contable adicional. El objetivo sería aclarar si la complementaria es espontánea -no una reacción a una alerta que le llevó a presentarla-, veraz y completa, los tres requisitos en base a los cuales la Fiscalía anunció la semana pasada que decidiría si procede penalmente contra el exjefe del Estado.
Un hecho importante sobre Sanginés-Krause, añade también El Periódico citando a expertos fiscales, es que este empresario no explicó las entregas de dinero al coronel Nicolás Murga, colaborador y presunto testaferro de Juan Carlos I, entre las que destaca un préstamo personal sin fecha de devolución.
Además, otro factor clave es si Sanginés-Krause pagó los regalos a miembros de la familia real de una vez o en varias transferencias, como él mismo dijo, dada la posibilidad de que haya rebasado de la línea del delito fiscal, situada en los 120.000 euros.
