Anna Grau. Lo ha hecho después de la campaña de insultos y amenazas que ha sufrido a través de las redes sociales a raíz de su participación, el pasado 23 de noviembre, en el programa Quién educa a quién, de TVE. En este programa, donde se debatió la nueva ley de Educación, conocida como Ley Celaá, Anna Grau defendió el bilingüismo en la escuela catalana y alertó de la fractura de la convivencia en Catalunya. Los ataques contra ella aumentaron después de que publicara un artículo en theobjective.com donde denunciaba que la Plataforma per la Llengua había espiado ilegalmente a los niños de unas cincuenta escuelas catalanas para saber qué lengua hablan cuando salen al patio.
La periodista considera que la avalancha de insultos y descalificaciones que sufrió quizás comenzó de forma espontánea pero que «inmediatamente tomó la forma de una estrategia organizada de señalamiento» en la que han participado personajes tan destacados como Beatriz Talegón , ex-candidata de JxCat a las elecciones europeas y con espacios de opinión habituales en TV3 y El Nacional, entre otros. Lo explica en el documento «Del oasis al gulag catalán» que ha hecho llegar a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de las que es miembro. Ha pedido amparo a estas dos entidades y ha querido que su denuncia llegue a «otros colegios, sindicatos y asociaciones de periodistas, la dirección de RTVE, el Defensor de la Audiencia de este organismo, la comisión de control parlamentario de RTVE y a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Parlamento de Catalunya».
Entre las personas que han insultado y amenazado a Anna Grau en los último días está Joan Puig, ex diputado de ERC y editor del digital La República, Albano-Dante Fachín, exdiputado de Catalunya Sí que es Pot, también abonado a las tertulias de TV3 y columnista de El Món, y Jair Domínguez, presentador estrella de los programas diarios de Catalunya Ràdio y TV3, El búnker y Està passant.
Anna Grau acaba su informe diciendo que esta realidad no es nueva en Catalunya y que forma parte de la cotidianidad de muchos profesionales de la comunicación y que su caso «demuestra la voluntad de imponer a toda España la misma estrategia de amedrantamiento, intimidación , descalificación y cacería política de cualquier voz disidente, con más saña cuanto más incapaz se sea de confrontar sus argumentos y razones «.
