La Fiscalía del Tribunal Supremo ha difundido mediante un comunicado, este viernes, que examinará si el pago de 678.393,72 euros, con el que el rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, pretende regularizar su situación con Hacienda, le evita una eventual querella por fraude fiscal.
La Fiscalía explica que estudiará, en el marco de la investigación que ya efectúa sobre el anterior jefe del Estado, la «espontaneidad, veracidad y completitud» de la maniobra de Juan Carlos I, para decidir si procede penalmente contra él por los gastos personales pagados con fondos de tarjetas black, entre 2016 y 2018.
Se trata de tres ejercicios fiscales posteriores a su abdicación, sobre los que el rey emérito ha presentado declaraciones complementarias. El Ministerio Público, en definitiva, debe determinar si este pago se ajusta a lo dispuesto en el artículo 305.4 del Código Penal, que exonera del delito fiscal al infractor que paga sus deudas antes de que la propia Fiscalía emprenda acciones que le permitan tener conocimiento formal del inicio de un procedimiento contra él.
La norma de Felipe VI
Por otro lado, según ha publicado El Confidencial, el actual jefe del Estado e hijo de Juan Carlos I, el rey Felipe VI, impuso desde el inicio de su reinado, concretamente en enero de 2015, una norma que impide a los miembros de la familia real recibir donaciones de dinero. Esta norma establece, de acuerdo con la misma información, que el importe recibido debe ser devuelto o entregado a una organización sin ánimo de lucro dedicada a objetivos de interés general, de manera que obligaría a Juan Carlos I a devolver o dar, por ejemplo, a una ONG el importe de las donaciones recibidas.
