Miles de coches circularon el domingo 22 de noviembre, bajo el lema Por el derecho a elegir la educación que queremos, convocada por la Plataforma Más Plurales, formada por veinte organizaciones entre ellas Escuelas Católicas, FundacióEscola Cristiana de Catalunya, Federació d’Ensenyament d’USO, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Federación de Sindicatos Independientes de España (FSIE), Libres para educar a Nuestros Hijos, y otras. Según los organizadores, se trataba de mostrar su rechazo al texto de la nueva reforma educativa, de garantizar la «libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos», así como de «reivindicar el español como lengua vehicular del Estado» y también «para la defensa de la educación concertada y la educación especial».
En las manifestaciones aparecieron -¡evidentemente!-, todos los jefes de la derecha y de la extrema derecha: Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida, Iván Espinosa de los Monteros y otros. Ante esta exhibición de banderas y lazos naranjas, la pregunta es: si esta ley no elimina el español, ni desaparecen los centros de educación especial, ni se suprimen los conciertos, ni se elimina la religión, ¿por qué protestan, entonces, la patronal concertada y la la Iglesia si es una ley casi adaptada a sus intereses?
En este país, la educación es, ante todo, un arma política que se lanzan uno a otro sin importar lo que realmente sucede en las aulas. De hecho, si tuviese que resumir esta ley diría que no es más que una recuperación tibia que la que perdimos con la antigua ley del PP, la LOMCE. Es cierto que hay algunos avances, que son muy bienvenidos pero, de hecho, no se tocan aspectos fundamentales de nuestro sistema educativo y, sobre todo, no avanzan en absoluto en la reversión de la privatización de la educación, sino que consolida la doble red financiada con fondos públicos y, de hecho, consolida la continuidad de la educación privada concertada.
La derogación de la LOMCE es positiva, sin embargo. Además, la nueva ley tiene como objetivo inscribir a más estudiantes sin recursos o con necesidades especiales en la concertada, evita regalar suelo público a empresas para levantar escuelas privadas, pone freno al pago de cuotas y hace de la religión una asignatura no evaluable. Elimina los itinerarios segregadores a partir de los 3 años; suprime las reválidas, recupera la educación infantil como etapa educativa de 0 a 6 años y devuelve las competencias sustraídas a los claustros y a los consejos escolares; introduce la coeducación, el medio ambiente y la memoria democrática en la escuela. Y refuerza la inmersión linguística catalana al devolver a las lenguas cooficiales la consideración de vehiculares, junto con el castellano.
Pero no contempla la desaparición de los conciertos educativos, ni termina con la segregación educativa. No pone fin a la precariedad de los profesionales ni resuelve la discriminación laboral de los profesores del cuerpo de PTFP. No proporciona al sistema recursos suficientes ni rebaja las ratios (una de las demandas más urgentes), no garantiza la gratuidad de las escuelas infantiles ni de la universidad, no revierte el modelo de direcciones autoritarias ni opta por su elección democrática.
Todo esto por citar algunas afirmaciones que han quedado en el tintero. Creo que hemos dejado que el discurso de la derecha se infiltre en la población. Hemos dejado que la idea de que la escuela puede ser una prolongación de la familia, y que ésta tiene derecho a exigir que se eduque de acuerdo con los principios, valores y religión de los padres y madres, cuando es precisamente lo contrario.
En un país democrático y que aspira a la cohesión social, la equidad y la justicia, la escuela pública es fundamental. Una educación pública que permite a los jóvenes aprender más allá de las tendencias de la familia, que permite socializar en la diversidad, que permite contrastar ideas y valores, que permite formarse como adultos sabios y críticos, sin distinción de clase social ni origen cultural. Todo esto se pierde cuando hemos normalizado que una parte importante de nuestros niños y niñas se escolaricen en centros segregados por sexo, clase social y origen cultural. Unos centros que imponen su ideología, mayoritariamente conservadora o reaccionaria, y que, con el dinero de todos, gozan de mayores privilegios, además de hacer negocio.
Seguiremos insistiendo en ello. Nos jugamos el futuro.
