El brote de coronavirus detectado hace tres semanas en la residencia Fiella de Tremp ya suma 45 muertos, tres más que el miércoles. Hoy por hoy, en este equipamiento de la tercera edad hay 89 residentes positivos, 12 de los cuales ingresados en el Hospital Comarcal del Pallars, y 43 trabajadores con Covid-19, a la espera de los resultados del cribado de este jueves, según los datos facilitados por el departamento de Salud.
La Fiscalía de Lleida ha abierto diligencias para investigar lo ocurrido en esta residencia, ya que existen muchos indicios de que se han producido graves errores en la gestión de este contagio. Durante la primera oleada de la pandemia, la residencia de Tremp resistió bastante bien, con sólo un afectado por la Covid-19, que se recuperó. Pero la segunda ola ha sido de una virulencia devastadora.
Comunicación tranquilizadora
Las alarmas sonaron el 21 de noviembre, cuando un trabajador de la residencia fue detectado positivo. Inmediatamente, el Departamento de Salud de la Generalitat procedió a un cribado con pruebas PCR de sus 143 usuarios y de los 70 trabajadores del centro. El domingo 22, la Fundación Fiella-Sant Hospital de Tremp emitió un comunicado tranquilizador: informó de que se habían detectado 56 positivos (49 usuarios y siete trabajadores), pero que sólo cuatro presentaban la sintomatología del coronavirus y que el resto eran asintomáticos.
Esta tranquilidad desapareció a las pocas horas, cuando, uno tras otro, los afectados comenzaron a morir, hasta los 42 fallecidos de ahora. Según los últimos datos disponibles, actualmente hay 134 personas contagiadas, entre usuarios (92) y trabajadores (42).
La casa del terror
En una decisión muy controvertida, el Departamento de Salud dejó que la gran mayoría de las personas afectadas continuaran internadas en la residencia de Tremp, convirtiéndola, de la noche a la mañana, en un hospital improvisado. Esta medida es considerada gravemente errónea por expertos en la gestión de centros sociosaniarias consultados por EL TRIANGLE.
En efecto, cuando durante la primera oleada hubo una gran mortandad en las residencias de Cataluña, una de las decisiones que se implementó desde la Generalitat fue vaciar por completo algunos de los centros más tocados por la pandemia, trasladando y aislando a sus usuarios a otras residencias u hospitales. ¿Por qué no se ha hecho eso en el caso de Tremp? ¿Por qué la residencia de la Fundación Fiella-Sant Hospital se ha convertido en una casa de terror donde los internos sucumben a la muerte en sus habitaciones sin recibir la atención hospitalaria imprescindible?
Empresa sin experiencia en residencias
Ante esta situación dantesca, el Departamento de Salud de la Generalitat decidió intervenir la gestión de la residencia el pasado 27 de noviembre. Entre otras cosas, porque la directora del centro, Remei Navarri, estaba infectada, al igual que cinco monjas de la congregación de las Religiosas Misioneras del Inmaculado Corazón de María que se encargan de atender a los internos.
La entidad elegida por el Departamento de Salud para hacerse cargo de la residencia de Tremp ha sido Gestión de Servicios Sanitarios (GSS), una pequeña empresa pública que depende del Servicio Catalán de la Salud y gestiona los Hospitales Universitarios Santa Maria de Lleida y Comarcal del Pallars. Esta empresa no tiene experiencia en la gestión de residencias para personas mayores y ello suscita, de nuevo, la crítica de los expertos consultados por EL TRIANGLE, que denuncian la falta de especialización de GSS para hacer frente a esta situación y la contratación de personal que se ha tenido que realizar a toda prisa.
El exalcalde de Tremp
El presidente de GSS es Joan Ramon Saura, una persona estrechamente vinculada al Obispado de Lleida, y de su consejo de administración forma parte Joan Ubach, exalcalde convergente de Tremp. Joan Ubach también aparece, por su condición de exalcalde, en el Patronato de la Fundación Fiella-Sant Hospital, presidido por el rector de Tremp, Joan Antoni Mateo.
Este maridaje, antes y ahora, entre la Iglesia, el poder convergente y la gestión de la residencia de Tremp también se expresa en el hecho de que la directora del centro, Roser Navarri,es la hermana de un sacerdote adscrito a la diócesis de Urgell. El resultado de esta simbiosis ha sido catastrófico para las 42 víctimas mortales y sus familias, que estos días están de luto.
El poder de monseñor
Todas las fuentes consultadas por EL TRIANGLE coinciden en que el responsable último que reina y domina, desde hace años, la Fundación Fiella-Sant Hospital es el número dos actual del Obispado de Urgell, monseñor Josep Maria Mauri (en la imagen). Hijo del pueblo de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà), este sacerdote ha acumulado gran poder y es el guardián de todos los secretos y llaves del Obispado.
Si en 2010 el Papa Benedicto XVI concedió al obispo Joan-Enric Vives la dignidad de arzobispo, el Papa Francisco honró a Josep Maria Mauri en 2016 con el título de «sacerdote de Su Santidad». En la actualidad, monseñor Mauri es el vicario general de la diócesis de Urgell y el responsable de los asuntos económicos del Obispado. Anteriormente, había sido arcipreste de Tremp y sucedió a mosén Nemesi Marquès como representante del copríncipe episcopal en Andorra.
Los secretos de Andorra
El Obispado de Urgell y, por extensión, el Vaticano y algunas órdenes religiosas, como los benedictinos de Montserrat, tienen intereses económicos muy importantes en Andorra, que siempre han estado rodeados por una gruesa opacidad, gracias a la proverbial discreción de los bancos andorranos y a la ausencia de un Registro de la Propiedad de dominio público. Monseñor Josep Maria Mauri es perfectamente consciente de las cuentas secretos del Obispado de Urgell en Andorra y aquí se encuentra una de las claves del gran poder que concentra.
Pero la masacre causada por la Covid-19 en la residencia de la Fundación Hospital Filella-Sant Hospital es una desgracia que ha conmocionado al Pallars Jussà y, sin duda, le pasará factura. Monseñor Josep Maria Mauri es el verdadero factótum de este centro y no es ajeno a la cadena de decisiones que ha segado la vida de 42 personas. A la Fiscalía de Lleida le corresponde estudiar las posibles responsabilidades penales que puedan existir en esta terrible mortandad.
