Juan Carlos I de Borbón, el rey emérito de España, ha comunicado a personas de su entorno que quiere regresar a España durante las vacaciones de Navidad y pasar unos días en el Palacio de la Zarzuela, aunque no ha formulado una petición formal al respecto, revela El Mundo. La misma información añade que la Casa del Rey, que está estudiando la situación, ha tenido conocimiento de esa intención indirectamente y es reticente a recibirlo en la Zarzuela, mientras que el rey emérito también ha trasladado que no quiere causar un problema institucional.
Por otro lado El País publica que representantes legales de Juan Carlos I se reunieron con responsables de Hacienda para comunicarles la posibilidad de que el rey emérito regularizara fondos usados entre 2016 y 2018, cuando ya no era inviolable porque ya había abdicado, y que fuentes jurídicas cifran en más de 500.000 euros los gastos del anterior jefe del Estado usando fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Según la misma información, los gastos se realizaron durante tres ejercicios fiscales y en dos de ellos los ingresos presentan indicios de delito fiscal, ya que el fraude superó los 120.000 euros. El País, citando también fuentes jurídicas, añade que la cifra de más de 500.000 euros de gasto acreditada y atribuida a Juan Carlos I y a otros miembros de la familia real -entre los que no estarían los reyes actuales- podría resultar más elevada al final de la investigación.
La eventual presentación de una declaración voluntaria por parte de Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal en relación con esos fondos no provocará el archivo automático de las diligencias informativos abiertas por la Fiscalía, sino que el caso será analizado en profundidad, publica El Confidencial citando fuentes fiscales.
Esta información explica que la maniobra del rey emérito será difícilmente aceptable para la Fiscalía después de la apertura de una segunda vía de investigación, al margen de la relativa a las comisiones de Arabia Saudí, y que implicaría el estudio del origen de los fondos y no sólo por la presunta comisión de delito fiscal, sino por presunto blanqueo de dinero y cohecho impropio. El blanqueo se vería compensado por la regularización, indican las fuentes del mismo digital, y el cohecho impropio sería difícil de probar, ya que el monarca no podía, por la particularidad de su cargo, ordenar acciones a funcionarios.
