La última idea del expresidente de la Generalitat Quim Torra ha sido entregar al Museo de Historia de Cataluña la bandera a favor de los presos del 1-O, por la que fue inhabilitado, la que iba a favor de los presos independentistas.
Torra, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia, ha asegurado que no estaba inhabilitado «por colgar una pancarta, sino por colgar esta pancarta, con lo que decía»; su condena se convirtió en firme cuando, el 28 de septiembre, el Tribunal Supremo (TS) no aceptó su apelación y confirmó la descalificación.
Torra ha argumentado que su acción tenía como objetivo dejar claro que Cataluña «es un país que está en proceso de independencia y está experimentando una represión por parte de los gobiernos españoles, que impiden su libertad». El presidente ha declarado que consideraba que, como mandatario y presidente, era su «deber dejar muy claro» que la Generalitat de Cataluña estaba del lado de lo que los ciudadanos de Cataluña habían expresado pacífica y democráticamente.
Además, aseguró que estaba «cumpliendo el mandato del grupo de detención arbitraria de la ONU, que exigía a todos los gobiernos dar a conocer la situación de injusticia absoluta en la que se encontraban los prisioneros y exiliados».
El presidente, que insiste en que volvería a colgar la pancarta, añade que «quizás cambiaría la expresión», afirmando en ella que hay 2.850 personas que, dice, son reprendidas por los gobiernos españoles, de izquierda o de derecha.
Tras realizar estas declaraciones, Torra ha firmado, junto con la directora del Museu d’Historia de Catalunya, Margarida Sala, y el director de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural, Josep Manuel Rueda, el acuerdo para trasladar la pancarta al museo.
