Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comparado los gastos realizados por su gobierno en la construcción del Hospital Isabel Zendal con los que destina el gobierno de la Generalitat a lo que ha denominado «acciones independentistas».
Ayuso ha destacado que el gobierno catalán destina 1.700 millones de euros anuales a estas acciones, entre las que ha citado la acción exterior de la Generalitat, la agencia pública de noticias (ACN), la promoción de la lengua y la «identidad digital catalana», un importe que ha asegurado que equivale a «17 Zendales al año». También ha incluido ahí los «303 millones anuales en TV3, lo que equivale a tres Zendales», ha especificado.
Asimismo, ha destacado que, en lo que se refiere a los «impuestos propios», «Cataluña tiene quince» y «Madrid tiene dos». De estos quince que, según ha indicado, «tienen los independentistas», ha destacado el canon del agua, la tasa turística, el impuesto sobre las bebidas azucaradas, y el impuesto sobre las casas vacías, entre otros, antes de añadir que todos los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) son «los más altos» en Cataluña y «los más bajos» en Madrid, por lo que ha señalado que «probablemente tengamos un problema de concepto aquí».
«Con lo que los independentistas gastan en impuestos y sus negociados, las familias catalanas pagan 51 Zendales al año a cambio de nada«, ha rematado la presidenta de Madrid en Twitter.
Estas declaraciones se han producido después de que el vicepresidente y presidente interino de la Generalitat, Pere Aragonés, y el presidente valenciano, Ximo Puig, hayan coincidido en la necesidad de luchar contra el dumping fiscal, que atribuyen a Madrid, una comunidad a la que acusan de una competencia desleal que quieren impedir mediante la armonización fiscal.
Ayuso, por su parte, considera que la propuesta de armonización fiscal es «injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no sólo al pueblo de Madrid, sino a la nación española en su conjunto», y ha comunicado por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que presentará un requerimiento de incompetencia y, en su caso, un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional, si el Gobierno español decide aplicarlo.
