La Confederación del Tercer Sector denuncia el abandono que sufren por parte de la administración las entidades prestan servicios de atención a la discapacidad y la salud mental. En los presupuestos de este año, sólo se ha incrementado un 3% de la partida destinada a ayudarlas, lejos del mínimo del 9% exigido por las entidades, que les habría permitido superar una infrafinanciación que es crónica y no les permite garantizar la calidad del servicio.
El año 2020 ha traído el golpe de gracia a una «década perdida», como la llaman las entidades, que comenzó con los recortes presupuestarios en materia social. Además, la aparición de la Covid-19 ha aumentado la tensión sobre la economía del sector a medida que se han necesitado más recursos para hacer frente a los sobrecostes derivados de la pandemia, cifrados en 10 millones de euros, como los que han generado los refuerzos de los equipos de trabajo, la compra de material de protección y la higienización de los espacios.
La Generalitat se comprometió a un incremento del 2,5% en las tarifas residenciales, pero finalmente solo han subido un 1,2%. El sector de la atención de la discapacidad y la salud mental, por su parte, anunció que la subida del 2,5% prometida ya no cubría las necesidades de los residencias y los hogares de personas con discapacidad.
Este recorte ha cronificado aún más la falta de recursos y la precariedad del sector. En los últimos diez años, por ejemplo, se ha atendido a un 50% más de niños con necesidades especiales con el mismo número de profesionales. Las entidades dedicadas a la discapacidad y la salud mental en Cataluña se sienten menospreciadas por la falta de compromiso de la Generalitat con los profesionales del sector, y exigen más inversión para realizar su trabajo con plenas garantías.
