Respaldo judicial a las escuchas de Voloh

El instructor Aguirre considera que las conversaciones intervenidas se centran en asuntos de carácter público y desestima las medidas solicitadas por Alay

Joseph Louis Alay
Joseph Louis Alay

Joaquín Aguirre, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, considera que las conversaciones intervenidas en el marco de la Operación Voloh/Volhov a varias figuras independentistas tocan asuntos de carácter público y no cuestiones de la vida íntima de los investigados, por lo que rechaza las medidas solicitadas por uno de ellos, Josep Lluís Alay, revela El Periódico.

Según esta información, el juez instructor estima que las conversaciones reflejan el grado de influencia de las personas investigadas, y que sólo las personas en esa posición, incluso si no son cargos públicos, pueden cometer los delitos que se les imputa. Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, pidió al juez medidas para impedir la publicación de información y material que forma parte de la investigación, pero el juez lo ha desestimado junto con la solicitud de remitir a un juzgado de guardia la llegada de información del caso a los medios de comunicación.

Aguirre argumenta en contra de la petición, efectuada por el abogado Gonzalo Boye, que no es lo mismo una conversación privada que una conversación sobre la vida íntima, y que la mayoría de las conversaciones cotidianas no tocan aspectos íntimos, recoge también El Periódico. Según el juez, las conversaciones de Voloh son diálogos privados sobre asuntos de carácter «político y económico».

En cuanto sua negativa a investigar la difusión de datos en los medios de comunicación, el juez argumenta que el secreto de las actuaciones fue levantado el 28 de octubre, coincidiendo con las detenciones y los registros, por lo que no se puede haber cometido a partir de entonces un delito de revelación de secretos.

La respuesta de Aguirre incluye un revés final contra el enfoque de Boye, al que deniega las medidas que había solicitado para impedir la difusión de datos del caso en los medios de comunicación, y añade que esta solicitud no especifica qué protección procesal podría tener la medida ni por qué un juez habría de hacer de censor.

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