Javier Zaragoza, uno de los fiscales del Tribunal Supremo que intervino en el juicio principal del 1-O, ha manifestado su rechazo a la reforma del delito de sedición que prepara el Gobierno español, que reducirá el castigo penal a los condenados y facilitaría la excarcelación de los líderes del procés presos.
En una charla sobre la defensa del Estado de derecho organizada por la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa, de hecho, Zaragoza ha defendido un enfoque opuesto al del ejecutivo de Pedro Sánchez: considera que se deberían volver a tipificar penalmente la organización de referéndums ilegales y conductas como la desobediencia reiterada al Tribunal Constitucional.
El fiscal del Supremo, que aboga por estas medidas para proteger más eficazmente la legalidad democrática, ha descrito los hechos del procés correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2017 como «un golpe de estado desde el poder», y ha considerado «legítimas» las acciones de la justicia española, además de rechazar que la discrepancia política haya sido criminalizada. Asimismo, ha expresado que «no puede ser que un Estado se convierta en un refugio de impunidad para aquellos que pretenden alterar la integridad territorial».
Por otro lado, ha considerado que los acontecimientos de otoño de 2017 en Cataluña son punibles en toda la Unión Europea, pero que «el sistema nos ha fallado una vez más», en referencia a los problemas a los que se ha enfrentado la justicia española para conseguir la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont, entre los que citado la disparidad de criterios al examinar una euroorden como «un obstáculo».
Así pues, Zaragoza mantiene su criterio después de que se haya confirmado que el Gobierno de España está trabajando en una reforma para rebajar el delito de sedición. Hace meses, ya había declarado que se oponía a reformular los delitos de rebelión y malversación, y que se había mostrado partidario de «garantizar una protección efectiva del marco constitucional» mediante la incorporación de otros delitos.
