La Asociación de Productores de Documentales, Pro-Docs, que agrupa a las principales empresas de este sector en Catalunya, ha mostrado su disgusto por las informaciones sobre la voluntad de Mediapro de vender ocho documentales a TV3 utilizando sus influencias políticas. En un artículo titulado "Se vende serie a 800.000", publicado en la web Infoproa, señalan que "estos últimos días ha corrido como la pólvora un audio donde un directivo de una empresa maniobraba para intentar vender una serie documental a Televisión de Catalunya. No es propósito de este escrito entrar en la ética de estas acciones. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Habrá quién encuentre lícito emplear la red de contactos políticos para colocar obras y quién lo encontrará totalmente inmoral. Lo que para nosotros es realmente relevante del audio, lo que pone de manifiesto, es el desamparo de la producción de documentales en Catalunya por parte de quien tiene que ser el principal motor: Televisión de Catalunya".
"Durante años, las productoras de documental hemos querido creer el relato oficial que aseguraba que los criterios para poder producir documentales eran de carácter profesional, que había unos comités de expertos que evaluaban la calidad de los proyectos y su interés social y cultural. Y que si el dinero iba disminuyendo, año tras año, era por la falta de recursos de la televisión. Siguiendo este camino hemos desembocado en la situación actual. Este último año se han contratado documentales desde Televisión de Catalunya por valor de 178.500 euros. No es ningún error. 178.500 euros es toda la inversión en coproducciones de documentales y derechos de antena en lo que llevamos de 2020", se denuncia en el artículo, que continúa diciendo que "las cifras son sintomáticas: 20.000 euros por documental en la última comisión. 1.500 euros de derechos de antena por documentales ya acabados. Una tendencia a la baja que se arrastra desde hace diez años (desde el año 2011, en que se contrataron documentales por valor de 1.319.000 euros y cuando se dotaba con 60.000 la coproducción de largos documentales). Las consecuencias de este despropósito son evidentes: la práctica desaparición del documental catalán en la escena internacional".
En estas condiciones, señala Pro-Docs, "oir hablar de una compra de 800.000 euros es doloroso. No porque la cantidad sea muy elevada. De hecho, parece un precio justo por una serie de 8 capítulos. Este no es el problema. El problema es que el contraste con lo que se paga al resto de productoras, y los canales poco transparentes a través de los que se hace, genera un agravio comparativo insoportable" y lamenta que "para los que nos seguimos esforzando y construyendo proyectos para conseguir sobrevivir de los restos de este naufragio, de las migajas que nos permiten hacer documentales en condiciones paupérrimas, que de repente se multiplique por cinco el coste de las producciones contratadas en una serie que entra por otros canales de dudosa ética y legalidad, hace agotar la paciencia de cualquiera".
Y acaba diciendo que "no hemos visto la serie en cuestión, y por lo tanto desconocemos su interés y su calidad. Pero, sea como fuere, este no es el tema de fondo de este escrito. Su tesis es que hay que reformular el pacto para lograr una entente de carácter profesional, de esencia cultural, de prioridad social, donde se dote la producción de documentales de una cantidad mínimamente digna con mecanismos transparentes y de igualdad de oportunidades. Sólo así podremos volver a ser un país con obras documentales dignas, lo que quiere decir también ser un país más diverso, más justo, con memoria colectiva y con una visión crítica de la realidad".
Pro-Docs está formada por una cuarentena de productoras, entre las que hay muchas que tienen contratos con TV3 como Minoría Absoluta, Lavínia, Brutal Media, Batabat o Goroka. Mediapro no es miembro de la asociación.
