Este martes, 10 de noviembre, se abre el juicio oral de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona y de Cambrils, que causaron 16 muertos y más de 140 heridos. Los medios siempre han tildado las dudas y las contradicciones relacionadas con estos atentados como meras "elucubracions independentistas".
Hay que destacar que la comisión de investigación solicitada en el Congreso de los Diputados por ERC y PDECat fue vetada por PP, PSOE y Ciudadanos el mes de marzo de 2018 en la Mesa del Congreso. Esto contrasta con la comisión de investigación de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que contó con un amplio apoyo parlamentario.
En otros países de nuestro entorno también se han constituido comisiones de investigación para aclarar atentados terroristas, como pasó por ejemplo en Francia con los ataques yihadistas de París de noviembre de 2015, que causaron numerosas víctimas. De esta comisión los parlamentarios extrajeron conclusiones muy valiosas para luchar contra el terrorismo: reformaron sus servicios de inteligencia y mejoraron los protocolos de atención a las víctimas.
Por el contrario, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, sí que compareció a la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, a la cual aportó información, pero a puerta cerrada y a cambio del silencio de los diputados.
Diligencias "conspiratorias"
La Audiencia Nacional ha desestimado las nuevas diligencias solicitadas por los abogados de la defensa de los padres del niño de tres años muerto en el atentado, Xavier Martínez Mompart, de la cual se ocupa el bufete del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, con la colaboración del letrado Agustí Carles. Este abogado y antiguo magistrado ha hecho un ingente trabajo de buceo en los más de 50.000 folios del sumario, además del numeroso material audiovisual aportado.
Desde el despacho de Jaume Alonso-Cuevillas lamentan que no tuvieron acceso al sumario completamente hasta el 8 de enero pasado, un día después de que se cerrara la causa, por culpa, por un lado, del secreto del sumario y, de la otra, del hecho que tuvieron que esperar que toda la documentación fuera accesible a la plataforma Cloud en internet.
Después de un análisis exhaustivo de toda la documentación, se han puesto en evidencia una serie de contradicciones y líneas de investigación que fueron abandonadas durante la instrucción. Como resultado de esto, el 9 de junio pasado, los abogados de Javier Martínez pidieron nuevas diligencias y la revocación del acto de conclusión del sumario y del acto de procesamiento.
La sala de la Audiencia Nacional rechazó la realización de nuevas investigaciones, tildando la solicitud de "conspiratoria": "Se pretende una verdadera cascada de nuevas diligencias sobre la base, absolutamente huérfana de soporte, de una 'teoría conspirativa', negándose el fallecimiento de Abdelbakyi Se Satty y queriendo involucrar al Centro Nacional de Inteligencia", afirma.
Se ha autorizado, pero, la comparecencia de las facultativas del laboratorio de la policía científica de Casablanca (Marruecos) que elaboraron el informe pericial de genética de la familia de Abdelbaki Se Satty, con el cual se sustenta la muerte de la imam de Ripoll. Dado que el juez de enlace en el Marruecos ha informado de la imposibilidad de atestiguar por videoconferencia, la sala ha determinado, contra el que la ley estipula en estos casos, que los gastos de desplazamiento de los peritos judiciales vayan a cargo del padre de niño asesinado, Javier Martínez, que se encuentra actualmente en el paro y tiene una situación económica difícil, después de que el atentado y la muerte de su hijo Xavier le destrozara la vida.
Para sufragar los gastos del proceso judicial, Javier Martínez inició hace unos meses un crowfunding en las redes, a través de la página web 17A queremos saber la verdad. Ahora ha hecho un nuevo llamamiento de ayuda en su cuenta de Twitter por costear estos gastos. Por otro lado, algunos abogados de víctimas extranjeras ya han manifestado su voluntad de dirigirse a sus jurisdicciones, en caso de no obtener todas las respuestas en el juicio.
El objetivo de los terroristas de Ripoll era segar el número más alto de vidas posible, como ha quedado acreditado en el numeroso material confiscado y que consta en el sumario. Sus planes, pero, se vieron frustrados por la explosión de la casa de Alcanar el día 16 de agosto de 2017.
Mohamed Houli (superviviente de la explosión de Alcanar) y Driss Oukabir (hermano de uno de los terroristas muertos y la persona que alquiló la furgoneta utilizada a las Ramblas) serán juzgados por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas, y conspiración por el delito de estragos terroristas, pero en ningún caso por el delito de asesinato.
Said Ben Iazza, que facilitó a la célula la furgoneta en la cual se transportaron los precursores destinados a la fabricación de explosivos, y su documentación para adquirirlos, está procesado por colaboración con organización terrorista.
Además de la posible impunidad relativa por los asesinatos, están en juego las indemnizaciones que los puedan corresponder a los familiares de las víctimas, puesto que, según la ley, estas podrían ser asumidas por el Estado, en el caso, más que probable, que los procesados se declararan insolventes.
