Viajes del expresidente Carles Puigdemont para participar en un foro de la Universidad de Groningen (Países Bajos), y en el Reino Unido e Irlanda, que realizó cuando la justicia española lo buscaba, se pagaron con dinero de la Generalitat de Cataluña, revela Nius Diario a partir de documentación incluida en diligencias informativas de la Fiscalía de Cataluña sobre la contratación de asesores de Puigdemont, que se encuentra bajo investigación desde 2018.
Fuentes cercanas al expresidente de la Generalitat, según el mismo medio digital, han confirmado la existencia de los pagos, de los que afirman también que son legales y los enmarcan en la actividad de Puigdemont como expresidente. Además de los viajes, la Generalitat ha asumido gastos como otros transportes no especificados y alojamientos.
Asimismo, el responsable de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, pasó a la Generalitat un gasto de 11.000 euros correspondiente a numerosos viajes en avión, a destinos como Bruselas, las Islas Feroe, Londres, Ámsterdam, Ginebra, Nueva Caledonia, Eslovenia y Dublín.
Además, la Generalitat ha pagado a Alay peajes, taxis, aparcamientos, comidas en varias ciudades europeas, entre los cuales una de 110 euros con un relator de la ONU y hamburguesas en establecimientos de comida rápido. También ha asumido dos multas por exceso de velocidad -50 y 90 euros- en Francia de un coche de la Generalitat, un viaje que coincide con la época en la que Puigdemont volvió a Waterloo procedente de Alemania, añade el mismo diario.
En base a estos gastos, la Fiscalía considera que Alay ha abusado de su cargo y que se apartó de las obligaciones que le son propias para obtener un enriquecimiento ilícito, por lo que se querelló contra él en febrero de 2020 por malversación y prevaricación. La oficina de Puigdemont sostiene que los viajes y los gastos de Alay son justificadas y oficiales, y que la apertura de esta causa obedece a "razones políticas y no legales".
Acciones legales
Por otro lado, el abogado Gonzalo Boye ha anunciado que Alay emprenderá acciones legales por lo que considera una "confiscación injustificada" de su teléfono móvil por parte de la Guardia Civil en la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos al procés, en cuyo marco el jefe de la oficina de Puigdemont fue detenido la semana pasada. Se trata del segundo asunto con la justicia que tiene abierto Alay, actualmente en libertad con cargos.
