El Govern ha aprobado un decreto de obligado cumplimiento para que los arrendatarios y propietarios de locales comerciales puedan negociar el alquiler, a raíz de la crisis de la pandemia por la Covid. Si las partes no llegan a ningún acuerdo, se podrá reducir hasta el 50% el precio del alquiler mientras dure la situación adversa, en función de la reducción de la actividad.
Con este decreto se evitará que haya que ir a las instancias judiciales para poder negociar o recorrer el contrato de alquiler con el propietario. Permite aplicar inmediatamente la cláusula "rebus sic stantibus", que se incluirá al Código Civil a través de una reforma que podría tardar dos años.
El decreto aprobado este martes en el Consell de Govern prevé que los inquilinos puedan pedir cambios "razonables" en las condiciones del contrato de arrendamiento.
Se prioriza que inquilinos y propietarios lleguen a acuerdos particulares, pero, si después de un mes no se ha llegado a ningún acuerdo, se fuerza la reducción al 50% en caso de cierre forzoso por la pandemia.
Si el cierre es parcial -según las medidas decretadas por las autoridades-, la reducción del precio del alquiler será proporcional a la mitad de la pérdida del aprovechamiento del inmueble, según las reducciones de horarios u otras limitaciones.
En el caso de los restaurantes, bares o tiendas con productos para llevarse o envíos a domicilio, se considera que el negocio está cerrado y, por lo tanto, el alquiler también se reducirá a la mitad.
Otra cosa serán las empresas y actividades que tengan restricciones de aforo o de servicios: la rebaja será proporcional, y siempre repartida entre propietario y inquilino.
