La patronal desaconseja desobedecer el cierre de bares y restaurantes

El secretario general de FECASARM da apoyo a las manifestaciones de rechazo a las medidas y acusa a la Generalitat de emitir resoluciones para dejarlos sin margen de reacción
Gente con mascarillas en una terraza

Joaquim Boadas, el secretario general de la patronal el sector de la restauración FECASARM, ha desaconsejado a los empresarios de bares y restaurantes que desobedezcan la orden de cierre de la Generalitat de Cataluña, aduciendo que no puede recomendarles abrir porque pueden tener "problemas legales" añadidos a los problemas económicos que les está generando la crisis de la Covid-19, pero ha dado su apoyo a las movilizaciones de protesta contra estas medidas. Boadas ha respondido en estos términos, durante una entrevista en el programa Aquí Cuní (Cadena SER), al hecho de que algunos empresarios que se han movilizado las últimas horas en las Tierras del Ebro manifestaran que abrirán porque consideran que no tienen la obligación legal de cerrar sus negocios.

Boadas defiende que la mejor opción para los empresarios del sector es esperar a que el recurso con el que FECASARM han pedido medidas cautelarísimas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) neutralice la decisión del gobierno catalán, al que acusa de emitir sus restricciones con la intención de dejarlos sin margen de respuesta, ya que, según destaca, es la cuarta vez que se ven obligados a reaccionar entre un jueves por la noche y un viernes.

Esto, según denuncia el secretari general de FECASARM, afecta a su derecho a la tutela judicial efectiva y les genera indefensión al obligarlos a trabajar en el recurso en pocas horas y "a ciegas", porque al principio no disponían de la versión definitiva de la resolución remitida por la Generalitat al TSJC.

Boadas, que considera que el cierre de negocios durante al menos 15 días es una medida desproporcionada, lamenta que se haya decidido unilateralmente y que lo hayan conocido "por la prensa". Asimismo, tacha de "ridícula" la cifra de 40 millones de euros para compensar pérdidas, anunciada por el gobierno, puesto que cifra en 35.000 los negocios afectados, por lo que calcula que, en todo caso, harían falta "miles de millones". "Lo que no se puede hacer es sacrificar el futuro de 150.000 familias", ha añadido, además de manifestar que los servicios take away (comida para llevar) no representan ni el 10% en este sector.

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