Josep Maria Jové, como secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, bajo la presidencia de Carles Puigdemont, y máximo responsable del aparato organizativo del 1-O, según los informes de la Guardia Civil, encargó al Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) obras por un importe de 1.131.264,68 euros para acondicionar una nave y realizar desde este lugar la recogida de datos de la consulta independentista y el seguimiento de la votación. El CIRE es una empresa pública de la Generalitat que organiza el trabajo de los presos de los centros penitenciarios.
La nave era propiedad del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), un organismo de la Generalitat, pero el 16 de mayo de 2017 esta entidad firmó un convenio con el Departamento de Vicepresidencia para ceder el uso temporal. Se pensaba instalar un call center para 512 personas. Oficialmente, se justificaba el proyecto como el centro de seguimiento de la votación de las elecciones autonómicas, que entonces ni se habían convocado ni se pensaba a convocarlas hasta después de dos años.
Para acondicionar el local, además de la participación del CIRE, Vicepresidencia realizó cuatro adjudicaciones de contratos menores que sumaron 85.171,90 euros, IVA incluido, que fueron a parar a la constructora Comsa. Los contratos fueron adjudicados de forma directa y sin publicidad, cosa que permitió agilizar los plazos para ejecutar la obra.
La persona encargada de supervisar las obras era Mercedes Martínez, una apoderada de una empresa que también era la persona de confianza de Jové para alquilar naves y locales donde esconder papeletas, sobres y mesas electorales. Hasta el día del referéndum, el gobierno catalán se gastó en el acondicionamiento de la nave un total de 1.454.002,16 euros.
