Grand Tibidabo ha pedido para los miembros de la familia Pujol Ferrusola penas de cárcel que suman 177 años, así como el pago de una multa de 240 millones de euros, en el escrito presentado en la Audiencia Nacional, en el que acusa a los miembros de la familia del expresidente Jordi Pujol de los delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Los actuales dueños de esta sociedad, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación y ejerce la acusación popular en el caso Pujol, consideran que toda la familia Pujol Ferrusola se benefició de las ganancias obtenidas por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, con la operación de venta de la sede del Consorcio Nacional de Leasing (CNL), en 1991, una corporación que dio lugar al nacimiento de Grand Tibidabo SA cuando se fusionó con Tibidabo.
En concreto, Grand Tibidabo pide la condena más grande para Mercè Gironès -exesposa de Jordi Pujol Ferrusola-: 45 años. Para el primogénito de Pujol solicita 40 y para Josep Pujol Ferrusola, 17 años. Esta sociedad acusa a Jordi Pujol de haber aprovechado su condición de presidente y pide para él 15 años. La misma acusación por el supuesto aprovechamiento de la posición de Jordi Pujol se hace extensiva a toda la familia, a la que se atribuye la acumulación de un "patrimonio desmesurado" procedente de "actividades delictivas" que considera vinculadas con la corrupción política.
Por su parte, Podemos, que también ejerce la acusación popular, reclama 202 años de prisión para los diez miembros de la familia Pujol Ferrusola encausados, y el pago de 123,6 millones de euros de multa. El juez instructor del caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, cerró la investigación el pasado mes de julio y propuso que los Pujol Ferrusola fueran juzgados como una presunta organización criminal.
