El gobierno de Pedro Sánchez trabaja para reformar el delito de sedición, un cambio que afectaría directamente las penas de los presos independentistas. Según han avanzado fuentes cercanas al ejecutivo al Confidencial, ahora mismo está sobre la mesa introducir un subtipo en la actual redacción del delito que atenuaría las condenas en los casos que "el alzamiento" no fuera violento. Esto haría que la condena de los presos independentistas se redujera a unos cuatro años.
La reforma de este delito, que se trabaja en paralelo a la tramitación de los indultos, podría tardar meses y se tendría que aprobar en una lectura única en un debate parlamentario. La idea del ejecutivo es mantener intacta la norma en casos más graves que impliquen el uso de armas, en que las penas podrían llegar a ser de entre 10 y 15 años de prisión.
Una vez aprobada la reforma, esta sería de aplicación retroactiva, puesto que favorece a los que han sido condenados por este delito, lo cual implicaría una reducción automática de la pena de los presos del 1-0.
Aún así, en caso de que la reforma llegara a buen puerto, algunos de los presos seguirían condenados por los delitos de malversación.
