La Xarxa d'Habitatge d'Horta-Guinardó no se da por vencida después de que Oleguer Pujol Ferrusola consiguiera echar de un piso de su propiedad a la familia que vivía en el desde hacía tres años y que se había quedado sin recursos para pagar el alquiler de 750 euros mensuales. El desahucio se produjo el jueves 17 de septiembre a pesar de la oposición de un centenar de vecinos y después de una actuación de los mossos de escuadra con una violencia que quedó reflejada por los vídeos que se grabaron. Los esfuerzos de los vecinos y el ayuntamiento de Barcelona para que Oleguer Pujol se aviniera a ofrecer un alquiler social a Hamid Kadri, su mujer y sus dos hijos menores de edad, fueron ineficaces. Siete furgonetas de los mossos de escuadra actuaron con contundencia para apartar a los vecinos que impedían el acceso al piso 2º 2ª del número 24 de la calle Mühlberg del humilde barrio del Carmel mientras el propio Oleguer Pujol Ferrusola contemplaba la operación desde detrás de los policías y cubierto con una mascarilla que no impidió que los activistas lo identificaran.
Era la tercera ocasión en que esta familia vivía la amenaza del desahucio. En las dos ocasiones anteriores –el 25 de octubre de 2019 y el 3 de febrero de 2020- la Xarxa d'Habitatge d'Horta-Guinardó había conseguido vencer la voluntad de Oleguer Pujol de echarlos de casa. El 17 de septiembre, sin embargo, ya no pudo ser así. Los activistas convocaron, incluso, dos días antes, una acción de protesta ante el domicilio del hijo del ex-presidente de la Generalitat, en la que exhibieron una pancarta donde se leía 'Oleguer Pujol deshauciador, seremos vuestra peor pesadilla". Han difundido este lema en los mensajes que han colgado en twitter dónde han creado el hastag #OleguerPujolDesnonador, donde van incorporando noticias sobre las operaciones irregulares que se le imputan.
Así, recogen informaciones según las cuales habría blanqueado 3.000 millones de euros en operaciones inmobiliarias. Entre estas operaciones estaría la compra de dos edificios del grupo Prisa en Madrid y Barcelona y muchas oficinas del Banco de Santander y Bankia. En su interlocutoria del juicio por el enriquecimiento irregular de la familia Pujol, el juez José de la Mata imputa a Oleguer Pujol los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. La acusación particular ejercida por Podemos le pide 14 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, organización o grupo criminal y blanqueo de capitales.
