La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha cerrado la instrucción sobre la organización del pseudoreferéndum del 1 de octubre de 2017 y ha enviado a juicio a treinta altos cargos de la Generalitat de entonces. La decisión ha sido adoptada contra el criterio de la Fiscalía, que había solicitado un año más de instrucción.
El auto de procesamiento atribuye a estos altos cargos de la etapa de gobierno de Carles Puigdemont los delitos de malversación, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación. La Fiscalía reclamaba que 28 de los procesados también fueran juzgados por organización criminal.
Entre los procesados están Vicent Sanchis y Saül Gordilllo, los actuales directores de TV3 y Catalunya Ràdio, respectivamente, así como la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y altos cargos del ejecutivo de hace tres años como Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquim Nin, Josep Retama, Francesc Sutrías, Aleix Villatoro y Amadeu Altafaj, algunos de los cuales, como Clotet y Villatoro, trabajan actualmente para la Generalitat.
Es la tercera causa sobre el procés derivada del 1-O que afecta a cargos públicos catalanes, después de la que concluyó hace casi un año con una sentencia condenatoria -contra miembros del gobierno catalán, la presidenta del Parlamento y los líderes de Òmnium Cultural y el ANC-, de la que llegó a juicio sobre la responsabilidad de la cúpula de los Mossos d'Esquadra -que se encuentra en espera de sentencia-, y de la que ha afectado a los miembros del anterior Mesa del Parlamento -también pendiente de sentencia-.
