En espera de la vacuna que detenga y aleje de nuestras vidas la pandemia de la covid-19, este traumático e histórico año 2020 nos trae, por fin, una buena noticia: el anuncio del proceso de fusión de CaixaBank con Bankia que, en realidad, es una compra encubierta de la entidad de las Torres Kio por parte de la entidad de las Torres Negras. De la unión de estos dos bancos, además del Banco Portugués de Investimento (BPI), que forma parte del grupo CaixaBank, surgirá la principal entidad financiera de España y de la península Ibérica, con unos activos de casi 700.000 millones de euros.
Bajo la batuta de Isidre Fainé, que culmina una operación largamente trabajada, el tándem Gonzalo Gortázar (consejero delegado de CaixaBank) y José Ignacio Goirigolzarri (presidente de Bankia) serán los encargados de pilotar la nueva entidad fusionada. Dos destacados financieros de raíces vascas dirigiendo un banco nacido en Barcelona, con una extensión en Portugal, y el otro en Madrid: un triángulo que permite divisar un proyecto ibérico de modernización y progreso en común.
La reacción hostil de una parte del independentismo catalán –la más identificada con Carles Puigdemont- al anuncio de la fusión de CaixaBank & Bankia demuestra, una vez más, la gravísima miopía estratégica de este movimiento, instalado en el error histórico permanente. El recurso a la paranoia y a la demagogia para desacreditar una operación de gran alcance que, objetivamente, ha sido liderada desde Cataluña es la prueba de la irreversible decadencia y marginalización del secesionismo político, tres años después del clímax de la “rebelión de las sonrisas”.
Si tenemos que hacer caso de la maestría de Karl Marx, es la economía (infraestructura) quien determina la política y la cultura (superestructura). Y, en este sentido, la fusión de CaixaBank con Bankia abre y refuerza una dimensión peninsular que, sin duda, será transitada, progresiva e intensamente, por Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, y António Costa, el primer ministro portugués.
Ambos mandatarios tienen una cita clave en su calendario: el próximo 2 de octubre, cuando está fijada la cumbre ibérica entre los gobiernos español y portugués. En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar en la ciudad lusa de Guarda y, dada la gran afinidad política y personal de sus protagonistas y el momento clave que vivimos, a buen seguro que tendrá una gran trascendencia histórica, marcando un antes y un después en la vertebración del espacio peninsular.
La fusión de CaixaBank y Bankia no solo afianza y consolida el eje Barcelona & Madrid & Lisboa (la Diagonal ibérica, que une el Mediterráneo con el Atlántico). También apunta un modelo de gobernanza que tendría que ser de aplicación en las grandes corporaciones que tienen una fuerte dependencia de las decisiones de las administraciones (empresas del sector energético, agua, autopistas, infraestructuras, telecomunicaciones, medio ambiente, servicios…).
La convulsa historia de Bankia ha provocado que el 60% de su capital esté en manos del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Una vez culmine la fusión con CaixaBank, esta participación pública quedaría, aproximadamente, en un 20% y el Gobierno ya ha manifestado su voluntad de mantenerse en el accionariado.
La participación (minoritaria) del sector público en el capital de empresas adjudicatarias de concesiones administrativas o fuertemente vinculadas a las disposiciones del BOE tendría que ser una exigencia democrática. De un lado, para tener un control directo sobre la gestión, evitando los abusos. Y, del otro, para obtener unos ingresos, vía reparto de beneficios, que nutran y fortalezcan el Estado del bienestar.
