El juez José de la Mata dio a conocer tres interlocutorias el pasado 30 de julio. Son las relativas a las investigaciones que ha hecho sobre los negocios de la familia Pujol, la financiación ilegal de Convergència Democrático de Catalunya (CDC), conocida como caso 3%, y las irregularidades cometidas en la gestión de Intraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat.
En Los tres casos, De la Mata detecta la comisión del delito de asociación ilícita i organización criminal. En el asunto de los negocios de la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, le imputa a él, su esposa, Marta Ferrusola, sus siete hijos y siete personas más. En el del 3% lo imputa a seis funcionarios del partido y en el de Infraestructures.cat a 18 personas. En este último caso, la red era conocida por los que estaban implicados en ella con el nombre de Núria Bofill.
Los registros realizados en octubre de 2015 en la sede central de Convergencia Democrática de Catalunya en la calle Provenza de Barcelona condujeron a abrir una investigación a la empresa Infraestructures.cat, que centralizaba todas las adjudicaciones de obra pública de la Generalitat. En 1990, el gobierno de la Generalitat creó la empresa Gerència d'Infraestructures SA (GISA), que en 2012 se rebautizó con el nombre de Infraestructures.cat. Su función era centralizar todas las adjudicaciones de obra pública de la Generalitat.
El magistrado considera Joan Lluís Quer y Joan Antoni Rosell, presidente y director general de Infraestructures.cat, se reunían con Andreu Viloca, tesorero de CDC, para pactar qué empresas se llevaban las adjudicaciones convocadas por el gobierno de la Generalitat. Algunas de estas empresas acababan haciendo donaciones a CDC.
Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell encabezan la lista de personas acusadas de constituir una organización criminal de la que también formaban parte, según el juez De la Mata, Josep Narcís Arderiu (ASINCA), Tomàs Blay (ASINCA), Josep Secanell (AUDING INTRAESA), Albert Palou (AUDING), Pere Roda (AUDING), Joan Antoni Domingo (AUDING), Maria Loreto Casas (AUDING), Ángel Manuel Ares (Sener Ingeniería y Sistemas SA-Teno Ingenieros Consultores), Álvaro Palao (Palestre Gestión), Ramon Rabell (GPO), Xavier Montobbio (GPO), Jaime Llongueras (CICSA), Carles López (Boma Impasa-Consultor de Ingeniería Civil-Eurogeotécnica), Albert Casajuana (DOPEC), Tomás Blay (ASINCA) y Xavier Minguillon (AYESA y ACT SISTEMAS).
La red Núria Bofill (nombre que no se ha aclarado de donde sale y porque lo eligieron los organizadores de esta trama) ocasionó, según la interlocutoria un perjuicio al patrimonio público de 1.246.013,73 euros. "Los hechos indiciariamente acreditados consistieron en el direccionamiento de contratos públicos por parte de Joan Lluis Quer Cumsille y Joan Antoni Rosell Polo para conseguir adjudicar los contratos a sociedades mercantiles con las que estaban previamente concertadas", explica De Mata, que detalla la dinámica seguida: "Las empresas que estaban en el pacto colusorio realizaban intencionada y deliberadamente sus ofertas agrupadas en un rango de precios muy restringido, lo que provocaba dos efectos inmediatos: el primero, expulsar cuasi sistemáticamente de los concursos a las empresas que no estuvieran en el pacto colusorio (salvo que hubiera formulado un oferta que, por pura casualidad, encajara en el rango de precio acordado por el grupo Núria Bofill), y, el segundo, pasar a hacer depender la adjudicación de manera prácticamente absoluta de criterios subjetivos y juicios de valor de modo que, visto el entramado establecido, implicaba que la adjudicación se verificaba a pura voluntad de Quer Cumsille y Rosell Polo".
La Fundación Catdem, que recibía las donaciones que después iban a parar a CDC, ingresó varias de las empresas de la red Núria Bofill. AUDING le entregó 50.000 euros el 7 de marzo de 2012, Agustí y Masoliver SA le dio 10.000, el 15 de mayo de 2015 y ALIA Gestión Integral de Servicios SL, 6.000, el 19 de mayo de 2012. Esta última empresa, según la interlocutoria dio a la fundación de CDC un total de 21.000 euros entre los años 2010 y 2012. El intermediario en estas operaciones en representación de CDC era su tesorero, Andreu Viloca. El juez no lo incluye, sin embargo, en la organización criminal formada por los 18 miembros de la red Núria Bofill. Sí que está imputado por este delito en el caso del 3%.
Este juicio, el de Infraestructures.cat y el de los negocios de la familia Pujol entrarán pronto en la fase definitiva de juicio oral. Al que fue presidente de Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, lo tendrán que ir a buscar a Chile, país al que se desplazó cuando el escándalo del caso 3% llegó a la empresa pública que centralizaba las adjudicaciones de la obra pública de la Generalitat.
