El fenómeno de la ocupación se ha disparado este verano. Las imágenes de vecinos enfurecidos enfrentándose a los okupas por un piso en sus barrios, la presencia oportunista de grupos de extrema derecha aprovechando el descontento vecinal y las actuaciones policiales han corrido como la pólvora por las redes sociales magnificando el hecho. Si bien es cierto que Catalunya es la comunidad con más inmuebles ocupados y Barcelona el epicentro de las ocupaciones, también lo es que la mayoría son inmuebles ocupados procedentes de pisos vacíos de bancos y fondos de inversión.
En el primer semestre del 2020 en Catalunya ha habido 3.611 viviendas ocupadas, 421 más que en todo el año anterior, una cifra que multiplica por seis las ocupaciones en Madrid. Barcelona se encuentra al frente con una cifra de 2.644 ocupaciones registradas, a pesar de que se sospecha que hay más, por las ocupaciones de locales e inmuebles comerciales vacíos que no están registrados como piso, como por ejemplo antiguas sucursales bancarias que han acabado convertidas en infraviviendas por familias enteras. Barcelona tiene más de 10.000 pisos vacíos, la mayoría en manos de bancos, fondos de inversión y la Sareb.
Barcelona es la capital de la ocupación. Tanto es así que conviven tres fenómenos curiosos: La Oficina por la Okupación, las patrullas ciudadanas y el creciente negocio de las empresas de desocupaciones.
La Oficina por la Okupación es una iniciativa de 2003, puesta en marcha por la Asamblea de Okupas de Barcelona que ofrece asesoramiento legal y técnico a aquellas personas que decidan ocupar una vivienda. Tiene un portal web muy activo en el que se puede encontrar un manual de ocupación donde muestran como entrar en una vivienda, forzando la cerradura o cuáles son los aspectos legales a tener en cuenta para no ser desalojados.
En lo que se refiere a las mafias de la ocupación, Antoni G., agente de la propiedad inmobiliaria de Barcelona asegura que es un hecho creciente y que se aprovechan "de la laxitud de la justicia. En otros países de Europa las fuerzas de seguridad pueden entrar en un piso ocupado, en 24 horas, sin necesidad de una orden judicial y las penas por ocupar son mucho más altas". La Constitución española recoge, en el artículo 18.2, la inviolabilidad del domicilio, lo cual quiere decir que nadie puede entrar sin una orden judicial. Siempre que se demuestre que el ocupante está viviendo en el interior, sin importar el tiempo transcurrido, la policía no puede actuar. Por eso corre boca-oreja entre los ocupantes ilegales la necesidad de estar lo más callados posible durante 48 horas para no levantar sospechas y pedir comida a domicilio, para tener un recibo como que hay alguien viviendo en la casa. Desde el Colegio de Agentes Inmobiliarios de Catalunya se pide "la creación de juzgados especializados para poder agilizar todo el tema de los desahucios que han quedado atrasados por la crisis sanitaria", explica Antoni G.
Paralelamente a la facilidad por la ocupación se produce el hecho de las patrullas de vigilancia ciudadana, en especial en pueblos de segundas residencias y barrios con muchos inmuebles vacíos. Pallejà, Calafell, Cubelles, pero también los barrios de Horta y Guinardó han visto como los vecinos se organizaban en grupos de vigilancia ante el aumento de las ocupaciones. Peligrosas intenciones auspiciadas por movimientos ultras, como se ha demostrado en otros municipios como Sant Joan Despí.
Los vecinos se quejan de la laxitud de la ley y aseguran que detrás de las ocupaciones hay mafias que te venden las llaves de un piso, con puntapié a la puerta, por unos precios que rondan entre 3.000 y 5.000 euros. Según Antoni G, "se han dado casos de bloques de promociones inmobiliarias que han quedado sin vender que se han ocupado por más de 4.000 euros por piso. No se trata de perseguir a las personas que se meten dentro, que muchas no tienen otra salida, si no al mafioso que se está lucrando vendiendo llaves de pisos de manera ilegal. Algunos se están haciendo de oro con esto, y te aseguro que ellos no viven en un piso ocupado". Las promotoras, según este mismo agente de la propiedad, invierten una parte de su presupuesto en más seguridad para controlar los inmuebles y en poner alarmas en los pisos.
Y creciendo a la sombra de las ocupaciones, hay dos tipos de negocios que están haciendo el agosto: las empresas de seguridad, que han visto como la venta de alarmas ha aumentado en un 25% su facturación durante este año 2020, y las empresas que se dedican a desahuciar, a la fuerza, los pisos ocupados. Una de ellas, la pionera y quizás la más famosa es Desokupa, acusada de prácticas violentas y medios no muy legales para sacar a los inquilinos molestos. Por un precio mínimo de 3.000 euros garantizan una desocupación, bordeando la legalidad y al margen de las actuaciones judiciales, en menos de 48 horas.
