Dos ex-consejeros de la Generalitat, imputados en la causa del 3%

El juez José de la Mata considera responsables de 'fraude a las administraciones', 'tráfico de influencias' y 'blanqueo de capitales' a Joan Maria Pujals y Germà Gordó y a este último también de 'organización criminal'
Cartel de las elecciones al Parlament de Catalunya en 1992
Cartel de las elecciones al Parlament de Catalunya en 1992

El juez José de la Mata imputa los delitos de 'fraude a las administraciones públicas', 'tráfico de influencias' y 'blanqueo de capitales' a dos ex-consejeros de la Generalitat: Germà Gordó y Joan Maria Pujals. A Gordó, además, lo responsabiliza, junto con cinco personas más, del delito de 'asociación ilícita/organitació criminal'. En total, la interlocutoria en la que el juez detalla sus conclusiones de la investigación sobre la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), conocido como el caso 3%, imputa estos delitos, en varios grados de responsabilidad, a 31 personas y 16 empresas.

Germà Gordó, que fue gerente de CDC, sale citado 260 veces en las 304 páginas de la interlocutoria mientras que Joan Maria Pujals aparece 42. Gordó fue consejero de Justicia entre el 27 de diciembre de 2012 y el 14 de enero de 2016, cuando Artur Mas presidía la Generalitat. Pujals lo fue de Educación, entre el 22 de diciembre de 1992 y el 7 de junio de 1996, y de Cultura, entre este último día y el 29 de noviembre de 1999, en ambos casos nombrado por Jordi Pujol. Mientras Germà Gordó aparece vinculado a prácticamente todas las contrataciones y operaciones urbanísticas y financieras que ha investigado De la Mata, Joan Maria Pujals figura por actuaciones que realizó como directivo de Impulsa Grupo Ortiz en el proceso de contratación por parte de la empresa de la Generalitat GISA de las obras de reforma y ampliación a dos líneas de primaria de la escuela La Trama, de Sabadell. Pujals, además, medió en la consecución de contratos para tres empresas en las que no figuraba como directivo: Asteisa Tratamientos de Aguas SA, Construcciones ICMA Proakis y Elecor SA. Todas ellas hicieron donaciones a las fundaciones que desviaban dinero a CDC.

De la Mata considera a Germà Gordó una pieza básica del engranaje delictivo que detalla en su interlocutoria. Le dedica 16 páginas e identifica numerosas reuniones y mediaciones entre empresarios y dirigentes de CDC y de la Generalitat. Recuerda que fue secretario general de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas entre los años 1996 y 1999, que después fue secretario general del departamento de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Generalitat hasta el 2003, gerente de CDC entre el 2004 y el 2010, secretario del gobierno de la Generalitat entre el 2010 y el 2012 y, posteriormente, consejero de Justicia hasta el año 2016. Recoge también que fue presidente de la empresa pública REGSA hasta 2004 y consejero de Infrastructures de la Generalitat de Catalunya entre marzo de 2011 y diciembre de 2013.

El magistrado tiene claro que "los indicios ponen de manifiesto que, junto con otras personas, llevó aparentemente a cabo una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían obtener la adjudicación de determinados concursos públicos ofertados por la Administración Autonómica catalana, a realizar donaciones económicas a fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, concretamente Catdem y Forum Barcelona". La interlocutoria refleja episodios curiosos como la aceptación por parte de Gordó de la invitación de un empresario a una salida de caza y algunas transcripciones de sus conversaciones telefónicas interceptadas. "Te dije y te lo vuelvo a decir, y lo mantengo ahora, cuando te presentes a los (ininteligible) ven a verme. (…) Cada vez que te presentes a alguna cosa, vienes a verme y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente", se lee en una de estas transcripciones.

Joan Maria Pujals tiene un papel menos relevante en esta interlocutoria. Se le cita 42 veces, se recuerda sus cargos públicos como alcalde de Vilaseca (1983-1991), presidente de la Diputación de Tarragona (1988-1992), consejero de Educación (1992-1996) y de Cultura (1996-1999) y sus cargos directivos en la empresa privada Impulsa Grupo Ortiz entre los años 1996 y 2016, siendo el director de la mism en los últimos cuatro. De Mata lo considera "uno de los empresarios que se concertó de forma encubierta con altos cargos del partido político CDC y otros cargos de índole política, para obtener la adjudicación ilícita de concursos públicos, a cambio de lo entrega de 'donaciones' a Fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Foro Barcelona) con el fin de financiar ilegalmente el partido".

Entre la documentación que se ha obtenido en la investigación del caso, el magistrado cita un correo electrónico que Joan Maria Pujals envió a Germà Gordó el 16 de febrero de 2010 en el que le decía: "Estimado amigo. Te adjunto los CTF de las empresas que han hecho aportaciones a sendas fundaciones". De la Mata no duda que las fundaciones a las que se refiere son las que desviaban dinero a CDC.

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