El Gobierno de la Generalitat deja a un paso de la asfixia a los centros residenciales y de atención diurna que atienden las necesidades de las personas conc discapacidad física o intelectual. Desde Dincat, asociación empresarial de economía social que representa a las personas con discapacidad intelectual en Catalunya y Ecom, federación de entidades que aglutina ciento veinte entidades de personas con discapacidad física de toda España, se denuncia que el plan de contingencia aprobado por la Generalitat sólo cubre entre el 16% y el 36% del gasto real que implica la gestión de la Covid-19 por los servicios de atención a personas del sector.
Las entidades de ayuda social son de las más perjudicadas por la crisis sociosanitaria, por loque respecta a la pérdida de ingresos y sobre todo por el sobrecoste que ha supuesto la pandemia. Las entidades reclamaban un esfuerzo de financiación superior al que se les ha prometido en el Plan de choque presentado por el gobierno y que ha quedado en cantidades que califican de irrisorias y alejadas de lo que necesitan realmente. "Los importes aprobados son totalmente insuficientes y ponen en peligro la sostenibilidad de las entidades, que ya arrastran una infrafinanciación crónica", explica Antonio Guillén, presidente de ECOM.
Por ejemplo, en los hogares residenciales el aumento será de la ayuda de la Generalitat será de 62,80 euros por plaza, muy lejos de los 371,29 euros que reclama el sector. Los usuarios de un hogar residencial requieren un apoyo de 12 horas, en situación normal, puesto que durante el resto de jornada están en los centros de día o en sus puestos de trabajo. Durante la pandemia, sin embargo, muchas de estas personas se han tenido que confinar en los centros requiriendo un apoyo de 24 horas. La nueva regulación de la Generalitat no contempla esta situación y el incremento de tarifas es insuficiente para hacer frente a los gastos reales.
La decisión de reducir estas aportaciones resulta decepcionante para los colectivos que atienden a las personas con discapacitades físicas o intelectuales, según Carles Campuzano, director de Dincat. "Buenas intenciones pero decisiones decepcionantes. Necesitamos fortalecer las entidades sociales que garantizan los derechos de las personas y no lo podremos hacer con medidas tan precarias como estas", lamenta.
El aumento de las tarifas está destinado a cubrir el refuerzo de personal, necesario en los centros así como a la compra de material de protección e higiene necesario para hacer frente a la Covid-19. Desde las entidades se reclama que se aumenten unas partidas que, a su entender, no contemplan ni las bajas laborales de los profesionales ni los gastos extraordinarios de gestión derivados de la pandemia. Los costes causados por esta crisis sociosanitaria en el sector de la discapacidad en Catalunya se han calculado en unos 10 millones de euros.
