El departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat tiene una semana más de tiempo para evitar hacerse cargo del vaciado de los residuos del vertedero de Vacamorta, en el término municipal de Cruïlles, y designar una empresa que se encargue de hacerlo. El plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para que el departamento que dirige Damià Calvet adopte esta decisión, que estaba previsto que se cumpliera hoy 5 de agosto. se ha ampliado siete días más.
El Tribunal Supremo declaró ilegal este vertedero, en 2014, después de que la Plataforma Alternativa al Vertedero de Cruïlles se opusiera al mismo y denunciara que el plan especial de la Generalitat para legalizarlo se había redactado sin ningún estudio de impacto ambiental que lo acompañara. El vertedero está clausurado desde entonces y el TSJC exige que se retiren los más de dos millones de escombros que hay en él y que se restaure la zona. En mayo, el departamento de Territorio y Sostenibilidad hizo unas pruebas con una excavadora y unos cuántos camiones para valorar el coste y la complicación de la retirada de los residuos.
En el auto en que el juez José de la Mata considera que el ex-presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, sus siete hijos, y siete personas más constituyeron una organización criminal para lucrar-se ilegalmente, el primer ejemplo de actividad ilegal que cita es, precisamente, la concesión de la explotación del vertedero de Vacamorta por parte del último gobierno presidido por Pujol. El auto señala que el vertedero "fue impulsado por Gustavo Buesa y Josep Mayola, entre 1999 y 2003, con la participación de Jordi Pujol Ferrusola" y que "se da la circunstancia de que la justicia, hasta en tres ocasiones, dictó sentencias por las que se ordenaba la paralización, cierre y vuelta a su estado original de los terrenos".
De la Mata recuerda que el 16 de junio de 1999 "ya se produjo una primera resolución judicial contra la autorización municipal del ayuntamiento de Cruïlles en relación con el vertedero". A pesar de esto, la Generalitat otorgó un permiso provisional para que empezara su explotación en 2000. Dos años y medio más tarde, el departamento de Medio ambiente otorgó a la empresa Gestión y recuperación de terrenos la autorización ambiental para la construcción del complejo de tratamiento de residuos. Esta autorización fue considerada ilegal por una sentencia de diciembre de 2002 que obligó a clausurar el vertedero en febrero de 2003. El gobierno de la Generalitat, sin embargo, concedió una nueva autorización ambiental dos meses después y permitió la reapertura.
Jordi Pujol Ferrusola recibió compensaciones económicas tanto por el asesoramiento de las empresas que promovían el vertedero como por el rendimiento en la compra-venta de acciones de las que formaron el complejo entramado de sociedades que había detrás. "En cada ocasión que se paralizaba el proyecto judicialmente, se reproducían las gestiones para conseguir la reapertura y se abonaban nuevas facturas", se lee en el auto. En las diversas operaciones económicas en qué participó el hijo mayor del ex-presidente de la Generalitat ganó, según el juez, más de cinco millones de euros.
Todos pendientes, pues, de qué decisión tomará sobre un vertedero marcado por la polémica un consejero que se ha postulado para ser el próximo candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat.
