En los últimos diez años las peticiones de asilo y protección internacional en Catalunya han pasado de 214 a 13.270. El incremento de peticiones, unido a la falta de previsión de la administración pública ha comportado un importante retraso en los procesos de asilo. Este no es el único escollo al que se enfrentan las personas que piden refugio en nuestro país. La precariedad laboral, la carencia de recursos, y sobre todo, los graves problemas para conseguir una vivienda digna complican su integración en la sociedad. Esto es lo que se desprende de un extenso análisis, efectuado por el CIDOB (Barcelona Centre for Internacional de Affairs), que hace hincapié en la dificultad de acceder a una vivienda digna que sufren los demandantes de asilo en Catalunya. El estudio se titula '¿Casa nuestra, casa vuestra? Condiciones y trayectorias de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo y refugiados en Catalunya' y lo han realizado los investigadores Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós y Blanca Garcés Mascareñas.
Según el informe hay una triple amenaza que aumenta la exclusión social de los demandantes de asilo. Al encarecimiento de los precios del alquiler y la escasa oferta de viviendas de alquiler social se tiene que añadir que las personas que se encuentran en esta situación sufren una doble discriminación, tanto por su origen como por su precariedad legal. Cuando los demandantes de asilo llegan a Catalunya se encuentran con un mercado inmobiliario colapsado que sólo les ofrece pisos muy precarios donde poder alojarse con los medios de que disponen. Esto se traduce en el hecho de que este colectivo sufre una gran inestabilidad residencial, que hace que, un año después de su llegada, hayan vivido de media en 3,3 viviendas de 2,5 municipios diferentes.
"Las dificultades en el acceso a la vivienda a menudo abocan a las personas solicitantes y beneficiarias a situaciones de riesgo de exclusión residencial grave, con casi un 27% de las que han sido encuestadas habiendo dormido en la calle alguna vez desde su llegada, cifra que sube al 33% entre las que han llegado hace menos de un año", se lee en '¿Casa nuestra, casa vuestra?'.
El informe concluye que es imprescindible mejorar los dispositivos de acogida de estas personas y facilitar el acompañamiento en la inserción residencial de un colectivo que a menudo se encuentra con actitudes xenófobas y discriminatorias por parte de los propietarios de los pisos y agencias inmobiliarias. La investigación afirma que la vivienda tiene que ser el pilar fundamental del estado del bienestar e insta a las administraciones a aumentar el parque de vivienda social y de alquiler asequible.
