Seis consejerías y 16 entidades de la Generalitat han contratado a Ferrovial el último año y medio

Los encargos suman unos 11'5 millones de euros y los más caros corresponden a la Agencia Catalana del agua, el Instituto Catalán de la Salud, la vicepresidencia de Economía y Hacienda y el departamento de Territorio y Sostenibilidad
Obras de la empresa Ferrovial

Seis consejerías y dieciséis entidades dependientes de la Generalitat han firmado un total de 59 contratos con empresas del grupo Ferrovial por un valor superior a los 11,5 millones de euros desde el 1 de enero de 2019. Los departamentos y agencias de la Generalitat han firmado 28 contratos por un valor de unos 10 millones de euros con Ferrovial, 30 contratos con Cespa por un valor de unos 1,3 millones de euros y un contrato con Ferroser, por 235.220 euros. Los departamentos que han firmado contratos con estas tres empresas son los de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Salud, Justicia, Cultura, Territorio y Sostenibilidad y Trabajo y Asuntos Sociales.

El contrato más caro es el firmado por la Agencia Catalana del Agua (ACA) con Ferrovial Agroman-Cadagua, el 31 de octubre de 2019, para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación y remodelación de la estación depuradora de aguas residuales de Rubí, El Papiol y Sant Cugat del Vallès. Ha costado 5.909.183 euros. El segundo contrato más caro es el que supuso un gasto de cerca de 2,3 millones de euros al Instituto Catalán de la Salud (ICS). Se firmó con Ferrovial Servicios el 21 de enero pasado por el 'servicio de mantenimiento de instalaciones y elementos constructivos de los Centros de Atención Primaria del ICS'. La Vicepresidencia de Economía y Hacienda hizo el tercer contrato más caro -unos 830.000 euros- también con Ferrovial Servicios, el 22 de octubre de 2019 para la 'conservación y mantenimiento del inmueble del distrito administrativo de la Generalitat de Catalunya en la calle Uranio 8-10 de Barcelona'.

Las consejerías han realizado 14 contratos directos con empresas del grupo Ferrovial en 2019 y 2020. Los que más han firmado han sido lo de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Justicia, con cuatro cada uno. Los de Salud y Cultura han firmado dos cada uno. Y han firmado uno los de Vicepresidencia, Economía y Hacienda y Territorio y Sostenibilidad. En total, estos contratos directos han supuesto un gasto aproximado de 1,5 millones de euros.

De los 45 contratos hechos entre agencias dependientes de los diferentes departamentos de la Generalitat con Ferrovial, Ferroser o Cespa, además de los ya mencionados de la ACA y el ICS, cabe destacar otro de la ACA. Se trata del encargado a Cespa para la 'ejecución de las obras del proyecto constructivo actualizado del cierre del monovertedero de barros de depuración de aguas residuales de Vic'. Se firmó el 20 de noviembre del año pasado y costó 997.152 euros. Entre las agencias públicas vinculadas a la Generalitat que han contratado empresas del grupo Ferrovial está la Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), el Centro de Iniciativas para la Reinserción, la Agencia de Residuos de Catalunya, el Servicio de Ocupación de Catalunya, el Consejo Catalán del Deporte, Ferrocarriles de la Generalitat, el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya y el Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya (INEFC).

En el Registro Público de Contratos de la Generalitat no aparece el contrato que la consejera de Salud, Alba Vergés, anunció que firmaría con Ferrovial por un valor de 17,7 millones de euros para que se hiciera cargo del servicio de rastreo y seguimiento de los contactos de las personas contagiadas por la Covid-19. Vergés se echó atrás en esta contratación por las quejas que recibió de la oposición por externalizar ese servicio y por encargarlo a una empresa implicada en la financiación ilegal de Convergencia Democrática. Hace cinco años, el 6 de julio de 2015, el departamento de Salud contrató a Ferrovial Agroman para que se encargara del 'servicio de atención y gestión de la demanda asignado al Servicio de Emergencias Médicas'. Dicho encargo, que costó más de 19 millones de euros, fue realizado por el entonces consejero de Salud, Boi Ruiz.

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