La larga investigación judicial sobre los negocios de los Pujol, dirigida por el magistrado José de la Mata, se ha concretado en un auto de procesamiento donde define a esta familia como una “organización criminal”. Las 509 páginas de este documento están repletas de informaciones muy precisas sobre las actividades presuntamente ilegales de este clan y de sus colaboradores durante las últimas décadas.
Entre las muchas irregularidades que recoge el auto de procesamiento, destaca una que afecta directamente al banco andorrano Andbank, presidido por Manuel Cerqueda (foto). Entre los años 1990 y 2010, el Andbank concentró la mayor parte de la operativa con dinero negro de la familia Pujol y, en especial, del hijo primogénito del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.
Para esconder la entrada y salida de estas montañas de dinero en efectivo, la dirección del Andbank no dudó en abrir cuentas inventadas y utilizar cuentas de otros clientes, sin su conocimiento ni autorización, para hacer o recibir transferencias de Jordi Pujol Ferrusola, rompiendo de este modo las normas más básicas de la buena praxis bancaria.
La investigación dirigida por el juez José de la Mata ha permitido determinar que hay 15 personas físicas a las cuales se usurpó su identidad o a las cuales se manipularon sus cuentas para favorecer el ocultamiento del dinero del clan Pujol.
En el auto de procesamiento, el magistrado de la Audiencia Nacional también denuncia que la dirección del Andbank nunca consideró a los miembros de la familia Pujol “personas políticamente expuestas” (PEP, por sus siglas en inglés), a pesar de los relevantes cargos públicos que ostentaron, durante años, tanto Jordi Pujol como su hijo Oriol Pujol. La condición de PEP obliga a las entidades bancarias y financieras de todo el mundo a extremar la vigilancia sobre las cuentas de estas personas, para prevenir la corrupción y el blanqueo de dinero.
Pero Andbank se saltó esta normativa internacional y permitió que los Pujol operaran impunemente, ingresando dinero de la corrupción y blanqueándolo en Andorra, aprovechando la laxitud de las autoridades de este país. Ni la fiscalía andorrana, que dirige Alfons Alberca, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo la dirección de Carles Fiñana, movieron nunca un dedo ante el escándalo de los Pujol.
