El fiscal Pedro Ariche ha asegurado este viernes en su informe final en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra cuatro exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament y Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, por presunta desobediencia grave que "no se juzga al independentismo" y ha negado que sea "un juicio político". En este sentido, ha afirmado que "no se persigue una idea, ni una ideología", y ha enfatizado que "todas las ideas son legítimas siempre que no colisionen con el Código Penal".
Ariche, que ha recordado a los encausados que "ningún poder del Estado está por encima de los otros" y que eran conscientes de los requerimientos del Constitucional, ha señalado que la anterior Mesa permitió la tramitación y posterior aprobación de resoluciones y leyes "abiertamente y palmariamente inconstitucionales". Asimismo, el fiscal ha indicado que los poderes que se "jactan" de no cumplir la legalidad y las resoluciones judiciales presentan un sesgo "de autocracia y autoritarismo". Las decisiones judiciales "no son dogmas de fe, pueden ser criticadas pero indudablemente se tienen que cumplir", ha destacado.
En cuanto a los plenos de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, Ariche ha señalado que la Mesa perdió su imparcialidad y ha recordado conductas ilegales o irregulares como la tramitación de las leyes de desconexión por lectura única, la desobediencia al reglamento o el hecho de haber obviado el trámite de informe al Consejo de Garantías Estatutarias. Por otro lado, ha tildado de "performance" la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), puesto que no se votó la parte declarativa donde se hablaba de independencia.
