Apenas hace dos meses que Meritxell Budó, Alba Vergés y Miquel Buch aparecían en comandita por nuestras teles cada día para insistir en que el estado de alarma era un 155 encubierto y que les habían robado las competencias. Lo decían cómo si la gente no viera otros gobiernos autonómicos esmerarse en fletar aviones cargados de preciadas mascarillas para equipar de forma decente a sus sanitarios y proteger a sus conciudadanos.
En momentos de crisis todo el mundo aporta lo mejor de si mismo, y nuestro Gobierno es insuperable en quejarse mientras no hace nada. Cómo también lo es en trapicheos económicos y a menospreciar el sistema público de salud, así que supo aprovechar que el estado de alarma permitía hacer adjudicaciones sin concurso para pagar 17 millones de euros a Ferroser, empresa filial de Ferrovial, para hacer el rastreo de los casos de covid-19. Trabajo que se podría hacer a través de los servicios propios. Millonada que iría muy bien para dotar de recursos humanos y materiales al esquelético sistema catalán de atención primaria. Ferrovial está implicada en el caso Palau y uno de sus gerentes es Roger Junqueras, hermano de Oriol Junqueras, máximo dirigente del partido de la consejera Vergés. Dos hechos que podrían ayudar a entender muchas cosas a la gente malpensada. Más aún cuando ERC lleva ya un tiempo intentando demostrar que está preparada para gobernar Catalunya y jugar el papel hasta ahora reservado a Convergència.
Quién sabe si las comparecencias diarias pretendían que no nos diéramos cuenta de la inutilidad del Gobierno. Se pasó del "España nos roba" al "España nos mata". Budó llegaba a decir que en una Catalunya independiente no habría habido tantos muertos e infectados "porque así lo dice la ciencia y la evidencia". La recuperación de las competencias por parte de la Generalitat ha demostrado que la ciencia y
la evidencia no acaban de funcionar en una Catalunya que tiene el dudoso honor de tener en Lleida la primera capital de provincia que necesita volver a confinarse. ¿La causa? Un brote que en la Franja de Aragón se ha controlado y aquí se ha escapado de las manos. Cómo también se ha salido de madre la situación en L'Hospitalet y en Guissona, donde nadie se atreve a mirar qué es lo que está pasando exactamente. Mientras la enfermedad se extendía entre temporeros venidos para recoger fruta no pasaba nada. Son gente dura, hecha a dormir al raso en una Catalunya tan acogedora que incluso se niega a alquilarles una miserable habitación, con un Gobierno tan progresista que cierra los ojos cuando empresarios agrícolas niegan mascarillas, gel hidroalcohòlico e incluso agua a sus trabajadores.
Es evidente que el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani, que silba como si la cosa no fuera con él, ha negligido la responsabilidad de garantizar los derechos y la salud de los trabajadores que tenía que proteger, del mismo modo que negligió la protección de los abuelos que morían en las residencias que estaban bajo su competencia, hasta que se la retiraron. Alguien con una mínima dignidad habría dimitido.
Encargar el rastreo de los casos de covid-19 a un call center atendido por vendedores de utensilios sin la más mínima preparación médica y sin ninguna coordinación con los centros de salud no fue la decisión más acertada de la consejera Vergés. En el horizonte planean preguntas sin respuesta. ¿Por qué ignoró las advertencias de la jefa de epidemiología del Valle Hebrón cuando pedía hacer el seguimiento desde los hospitales? ¿Por qué no la escuchó cuando avisaba que hacían falta cerca de 2.000 rastreadores en lugar de los 150 que hay ahora?
Quim Torra aprovecha la ocasión para demostrar como le va de grande la presidencia e intenta confinar Lleida pisando derechos fundamentales, como la libre circulación de personas, sin ningún tipo de base legal; demostrando que su concepto de democracia es la del
señorito que hace y deshace en su finca. Para no hacer el ridículo tenía bastante con pedir al Gobierno de Madrid que decretara el estado de alarma, o con solicitar una cesión temporal de competencias o, simplemente, con consultar a sus servicios jurídicos. Ha preferido alimentar agravios ficticios a detener la enfermedad.
Y así vamos tirando, con un gobierno tan ocupado en la construcción de la república imaginaria que ya no sabe qué competencias tiene en el mundo real, ni en que consiste un Estado de derecho.
