El consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, es la contradicción personificada. Si hace unos días consiguió que el Parlamento de Cataluña le aprobara la polémica ley de creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (APNB), que tiene por objetivo promover la protección del medio ambiente, ahora acaba de presentar el informe preceptivo para intentar sacar adelante las obras de construcción de la prolongación de la autopista C-32, entre Blanes y Lloret.
Este proyecto, que promueve la empresa Invicat (filial del grupo Abertis), fue parado en julio del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al detectar que el preceptivo informe de impacto ambiental era incompleto y no se ajustaba a la ley de cambio climático. Según denuncian los ecologistas, organizados en la entidad Paremos la C-32 –que forma parte de la plataforma SOS Costa Brava–, la construcción de esta nueva carretera comportará la destrucción de una importante masa forestal de la comarca de la Selva (Girona), calculada en más de 60.000 árboles. En el momento en que el TSJC suspendió las obras, la empresa constructora ya había talado miles de árboles, a pesar de la oposición de los militantes ecologistas, que se plantaron ante las máquinas.
Ahora, el departamento de Territorio y Sostenibilidad ha presentado una ampliación del estudio de impacto ambiental del proyecto de prolongación de la C-32, con el objetivo de que el TSJC levante la suspensión cautelar de las obras, decretada hace un año. Los ecologistas no bajan los brazos y han anunciado que presentarán un nuevo recurso judicial, a la vez que denuncian el doble juego del consejero Damià Calvet, que, con la aprobación de la ley de la APNB, se pone la camiseta ultraconservacionista y, a la vez, insiste en cargarse 60.000 árboles con las obras de prolongación de la C-32.
Además, este proyecto tiene gato encerrado. De un lado, porque, si se consuma la vía rápida entre Blanes y Lloret, ha anunciada su continuación entre Lloret y Tossa de Mar, que también provocaría gravísimos estragos ecológicos.
Del otro, porque la carretera Blanes-Lloret, que será gratuita, la promueve y la paga la misma empresa que explota la autopista C-32. Según el pacto firmado en 2015 por el entonces consejero Santi Vila con Abertis, la construcción de esta nueva carretera está sujeta a unas fórmulas matemáticas que, a la hora de la verdad, abren la puerta a la prolongación de la concesión de la autopista de peaje C-32, que acaba el 31 de agosto del año 2021.
La concesionaria Abertis continúa reduciendo la plantilla
Los trabajadores del grupo Abertis están preocupados e indignados. El año pasado, esta empresa de infraestructuras –controlada por la italiana Atlantia (familia Benetton) y ACS/Hotchief (Florentino Pérez)– obtuvo unos beneficios de 1.101 millones de euros. Aún así, la dirección del grupo, que preside José Aljaro, ha decidido aplicar una drástica política de recortes laborales.
A los primeros que les tocó recibir fueron los 136 trabajadores de la filial Aumar, que fueron despachados al acabar la concesión del tramo Tarragona-Alicante de la AP-7. A comienzos de este año, Abertis presentó un expediente de regulación de empleo (ERE), que acabó afectando 142 empleados. Y hace pocos días ha anunciado la formalización de un nuevo ERE, si bien no se sabe, de momento, el número de trabajadores que irán a la calle.
Esta oleada de despidos coincide con la finalización, el próximo año, de las concesiones de los tramos de autopista La Jonquera-Tarragona, El Vendrell-Zaragoza y Barcelona-Blanes, que son de las más rentables que tiene el grupo, porque ya están ampliamente amortizadas. El grupo arrastra un endeudamiento de 23.500 millones de euros y ha quedado muy tocado por la disminución del tránsito debido a la Covid-19.
La destrucción no se para
La plataforma SOS Costa Brava denuncia que, a pesar de la pandemia de la Covid-19 y el confinamiento, la destrucción de parajes emblemáticos del litoral gerundense y la tramitación de proyectos urbanísticos conflictivos no se ha parado. Señalan, en este sentido, las obras de la urbanización que la promotora suiza-andorrana Stoneweg hace en la cala Sa Riera (Begur), la construcción de 12 chalés y 53 viviendas en la Pineda d'en Gori (Palamós), la edificación de un auditorio al recinto de Cap Roig o la amenaza de destrucción del pinar que rodea la playa del Canadell, en Calella de Palafrugell.
