Las asociaciones Sos Racismo y Fruta con Justicia Social acusan a las fuerzas de seguridad pública de realizar "batidas policiales" contra los temporeros que se han desplazado a varias poblaciones de las tierras de Lleida para trabajar en la recogida de la fruta. Las dos entidades tienen documentadas identificaciones realizadas los días 21 y 28 de mayo en las plazas del Mercat y el Toll en Alcarràs, puntos de encuentro de personas en busca de trabajo y temporeras, "mayoritariamente racializadas" en operaciones conjuntas de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana.
Les entidades antirracistas denuncian que "la lógica racista y utilitarista hacia las personas migradas, que las usa cuando conviene pero las rechaza cuando no son necesarias y las intervenciones de los cuerpos policiales contra ellas son una muestra más de un racismo de Estado al servicio de sus propios intereses que atemoriza, castiga y criminaliza a los colectivos más desamparados. El racismo, la deshumanización y la invisibilizaciób de las personas racializadas -sobre todo las negras- en este país son históricas y se encuentran en los fundamentos del propio sistema".
Para ellas, la respuesta que "varios alcaldes y alcaldesas del Baix Segre, la Generalitat de Catalunya y la Subdelegación del Gobierno en Lleida han dado ante la situación de desamparo que sufren las personas que vienen a trabajar a la campaña de la fruta, incrementando los controles policiales, es ineficaz y con sesgo racista".
En el comunicado que han difundido las dos entidades, El racismo institucional castiga y criminaliza a los temporeros de Lleida con controles policiales, se afirma que "los temporeros son trabajadores indispensables, pero no disfrutan de derechos laborales ni sociales para poder arraigarse en la tierra que ellos mismos trabajan. Pese a las restricciones de movilidad durante la pandemia, no podemos ignorar la desesperada situación en que se encuentran ciertos colectivos, que arriesgan su propia salud para sobrevivir y para hacer llegar la fruta a nuestras mesas".
También recuerdan que el 12 de mayo los alcaldes y alcaldesas de Alcarràs, Aitona, Torres de Segrs, Massalcoreig, la Granja d'Escarp, Soses y Serós, se reunieron con el subdelegado del gobierno central, José Crespín, y le pidieron que incrementara los controles de extranjería "para evitar que sinpapeles se desplacen o se queden en su municipio por el efecto llamada para trabajar en la campaña de la fruta al detectar un aumento de ocupación ilegal de casas", según recogieron los medios locales.
A raíz de las quejas, los Mossos d'Esquadra incrementaron la vigilancia y los controles policiales en aquellos lugares donde los trabajadores acostumbran a refugiarse o reunirse. Las entidades antirracistas exigen que "cesen las constantes y racistas batidas policiales para que las personas que vienen a trabajar a la campaña de la fruta a Ponent sean tratadas con la dignidad a la que tienen derecho".
