El pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado este jueves instar al Gobierno de la Generalitat a "rescindir de manera inmediata" el contrato por valor de 17,7 millones de euros adjudicado a Ferroser Servicios Auxiliaste, una filial de Ferrovial, para que hiciera el seguimiento de positivos de Covid-19.
La moción, presentada por la CUP, ha recibido los votos favorables de 90 diputados, entre ellos los de los dos partidos del gobierno, JxCat y ERC, así como los del PSC, Catalunya En Comú Podem y la CUP, mientras que Cs y el PP se han abstenido.
La consejera de Salud, Alba Vergés (ERC), no aclaró en sede parlamentaria cuánto tendrá que pagar la Generalitat como indemnización a la adjudicataria. También negó haber aplicado criterios economicistas y lamentó que "no lo podemos hacer todo directamente". También se justificó aduciendo que "el sistema de salud es el que es".
Ferroser forma parte de Ferrovial, un grupo empresarial que pagó 6,6 millones en comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según la sentencia del caso Palau. La Audiencia de Barcelona absolvió a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, a los que exculpó del delito de administración desleal. En cuanto al delito de tráfico de influencias, había prescrito.
