La deriva del Barçagate está complicando el tramo final del mandato de la Junta de Josep Maria Bartomeu, que ha recibido una denuncia que el juzgado de instrucción núm.13 de Barcelona acaba de admitir a trámite. También ha dictado diligencias que, a la vista de los hechos, duplicarán el proceso de investigación todavía pendiente por parte del FC Barcelona.
La apertura de una causa judicial, realmente incómoda, responde a la estrategia iniciada hace dos meses por el colectivo Dignidad Azulgrana, una de estas micro-comunidades barcelonistas que, con legitimidad según el juez, acaba de abrir una brecha mucho más ancha de la que desde el club se trataba de tapar.
La reacción de encargar una investigación externa se está revelando, con el paso de las semanas, una complicación de riesgo porque el retraso, verdaderamente excesivo, no ha hecho más que aumentar los rumores y las desinformaciones que señalan la junta como responsable de moderar o distraer tanto los resultados como los efectos que pueda tener de alguna manera intencionadamente.
Ha pasado suficiente tiempo para dar pie a especular con que la auditoría de Price WC hace días que permanece guardada en un cajón y también que hubo jefes de departamento que no validaron las facturas troceadas. El asunto es saber si además de supervisar las redes sociales alguien del ejecutivo del club encargó la generación de perfiles anónimos que, supuestamente, servían para predicar las virtudes de la junta y satanizar parte del entorno y también a algún jugador del primer equipo.
La mejor defensa contra la denuncia que ahora tiene que instruir el juez era, precisamente, haber realizado y acabado de forma eficiente la aclaración interna de los hechos y de las responsabilidades, si se las hubiera, dejando el conflicto resuelto cuanto más rápidamente mejor. En cambio, el juez ha exigido ahora toda la documentación, contratos y facturas, del Barça con la red de sociedades con la matriz NICESTREAM, justificantes, identidad de los intermediarios, condiciones de contratación e incluso el informe de Price WC por si los indicios pudieran acusar a Josep Maria Bartomeu, el ejecutivo Jaume Masferrer y el propietario de NICESTREAM, Pablo Ibáñez, de administración desleal y corrupción entre particulares.
Cuando los ocho socios denunciantes del Barça dispongan de toda la documentación se producirá, a consecuencia de las filtraciones, un tercer juicio que en nada favorece ni la imagen de club ni la de sus administradores. Pues no se supo en su momento nada de las conclusiones de la Compliance Noelia Romero, ahora suspendida de sueldo y trabajo, que también ha sido requerida por el juez para que aporte su versión, ni se sabe nada tampoco del análisis de Price WC.
Y además ahora será un juez penal quién dictaminará si hay algún misterio susceptible de ser elevado a una acusación formal. El 'Barçagate' era un problema que ya se ha convertido en una amenaza para la junta de Bartomeu y para su staff de dirección. Algunos temen ya que evolucione a tragedia.
