Esta escena tiene lugar en el salón de plenos de un ayuntamiento del área metropolitana bien entrada la noche del lejano 3 de abril de 1979. Una pantalla muestra los resultados de las elecciones municipales en toda Catalunya. La izquierda se impone en el cinturón industrial de Barcelona, pero también en todas las capitales de provincia y en ciudades como Manresa. Uno de los presentes se pregunta angustiado en voz alta: ¿y ahora que será de nosotros? No es un trabajador municipal o un alto cargo preocupado por su futuro. Es un miembro destacado de la gente de toda la vida, de aquellos que han controlado toda la actividad económica del pueblo, desde el quiosco de prensa a la tienda de motos, pasando por el estudio de fotografía y el horno de pan. Son los que desde siempre se han paseado por los ayuntamientos haciendo y deshaciendo, que ahora ven comprometida su forma de vivir, pero, sobre todo, continuar controlando el cotarro.
Los poderes fácticos locales, que no son siempre grandes empresas, sino una cosa más tangible y casera, ven que el antiguo régimen ha caído
y se dan cuenta de que hay que crear otro nuevo que les permita sobrevivir. Les hace falta alguien que les permita mantener sus prebendas y giran sus ojos hacia una nueva formación política que resulta ser Convergència Democrática de Catalunya. Así que se ponen manos a la obra para situarse en la Generalitat, el nuevo poder que nacerá con el Estado de las autonomías que se acaba de crear. Se vuelcan todos los recursos necesarios a lograr el control de la nueva institución autonómica y allí donde no llegan los insuficientes 43 escaños obtenidos por Jordi Pujol en las primeras elecciones al Parlament, llegan la persuasión, el miedo a un pacto de izquierdas y, según dicen, algunos maletines. Así es cómo ERC se decanta por el pujolismo a cambio de la presidencia del Parlament.
En paralelo, los alcaldes franquistes se pasan de forma casi masiva a CDC y le garantizan el control político del territorio. Nace un nuevo régimen que tiene como fundamento el 3%. Una multiplicidad de tramas que nunca han sido simples casos de corrupción o de financiación ilegal de un determinado partido. Han sido una cosa mucho más grave: la manera de perpetuar en el poder a aquellos que siempre lo han tenido. El 3% supone que una buena parte de la contratación pública catalana ha sido alterada a favor de las mismas familias que nunca movieron un dedo contra el régimen franquista y que entienden el poder y las instituciones como un patrimonio privado solo al alcance de unos pocos elegidos. Nadie lo expresó mejor que Marta Ferrusola poco después de que Pasqual Maragall se convirtiera en el primer presidente socialista de la Generalitat: "Es cómo si entraran en tu casa y te encontrases con los armarios revueltos, porque te han robado".
Esta concepción patrimonial del poder y de las instituciones explica la simplicidad con que se construyen las tramas corruptas. Quizás donde mejor se visualiza es en el caso Boreas, un sumario hoy olvidado en medio de tantos escándalos, donde se expone como, presuntamente, un grupo selecto de empresarios se reúnen cada año para repartirse la obra pública de la provincia y acordar cómo pagar el político de turno, después se reúnen con el presidente de la Diputación y otros altos cargos para hacer su pedido. El detalle no es menor, no es el político que reclama un dinero a cambio de la concesión de una obra pública, son los empresarios los que pagan para mantener el control económico y social de su territorio. Los políticos son simples subalternos.
El 3% fue, y probablemente es todavía, una forma de dejar fuera del juego económico y social a cualquier individuo que intentara hacer sombra a los que históricamente habían tenido la llave de la caja del dinero. Los que en su buena fe creyeron en la libre competencia y el libre mercado, que invirtieron los ahorros en formarse y que decidieron emprender para crear riqueza, nunca tuvieron ninguna oportunidad. En el mejor de los casos podían aspirar a ser mano de obra especializada y obediente al servicio de los caciques locales, personajes que todavía hoy entienden sus empresas como una extensión de su casa y que exigen a sus trabajadores fidelidad y sumisión por encima de conocimientos y capacidad laboral.
Es la misma forma en que conciben las instituciones y lo mismo que piden a los electos que las habitan.
