Ferrovial tiene que pedir perdón por la corrupción

El pasado 30 de abril marca un antes y un después en la historia de la presencia empresarial en Cataluña de la compañía madrileña Ferrovial. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Palau, hecha pública en esta fecha, establece, de manera clara y contundente, que Ferrovial pagaba comisiones corruptas del 4% por la adjudicación de contratos de la Generalitat y de administraciones convergentes, que después iban a parar al partido de Jordi Pujol y Artur Mas a través de las ‘pantallas’ del Palau de la Música y de la fundación Trias Fargas (rebautizada con el nombre de CatDem).

De manera sorprendente, ni la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ni la posterior del Tribunal Supremo sobre las fechorías de Fèlix Millet y compañía han condenado a Ferrovial, que era el necesario agente corruptor. Solo fueron imputados dos de los directivos de la empresa, Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, que fueron finalmente absueltos al considerar que sus delitos habían prescrito. Pero el nombre de Ferrovial en Cataluña irá unido, por siempre jamás, a uno de los escándalos de corrupción más asquerosos que han enfangado la vida política del país.

¿Qué hacer con una empresa culpable de actos de corrupción que obtiene sus ingresos, fundamentalmente, de los contratos que le otorgan las administraciones públicas? Al ser pillada in fraganti en el caso Palau-CDC y una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo, Ferrovial, como mínimo, tendría que haber pedido perdón a la sociedad catalana y declarar un firme propósito de retractación de estas prácticas corruptas.

Pero en su infinita soberbia, Ferrovial no ha dicho ni pío. Es más: ha continuado operando en Cataluña como si nada y moviéndose para obtener nuevos contratos de las administraciones. Hasta que la empresa de la familia Del Pino no dé la cara y presente excusas públicas por su inmoral actuación, ninguna administración catalana puede dar ningún tipo de adjudicación a Ferrovial y a sus empresas filiales (CESPA, Ferroser…) y las concesiones y contratos que tiene vigentes se tienen que cancelar a su vencimiento.

La empresa de la familia Del Pino ha empleado siempre una burda estrategia en Cataluña: nombrar al frente de su delegación en Barcelona a personas muy conectadas con el poder político, con la intención que puedan abrir puertas para hacer buenos negocios. Así lo hizo con Xavier Ribó, hermano del ex presidente de ICV y actual Síndic de Greuges, y lo continúa haciendo con Roger Junqueras, hermano del presidente de Esquerra Republicana.

En este contexto, la decisión del departamento de Salud de la Generalitat, que dirige Alba Vergés (ERC), de conceder, el 29 de mayo pasado –un mes después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Palau–, un contrato a Ferrovial, por la vía de urgencia y sin concurso público, para gestionar el rastreo de los casos positivos de Covid-19 ha provocado una tormenta política, amplificada por las redes sociales. En primer lugar, por su elevadísimo precio, 17,6 millones de euros, totalmente exagerado en función del trabajo asignado. En segundo lugar, por la sospechosa opacidad de esta adjudicación, hecha de espaldas a los profesionales sanitarios involucrados en la lucha contra la pandemia.

A la vista del escándalo provocado, Alba Vergés ha anunciado que esta adjudicación ha sido anulada, si bien ha apuntado que habrá que pagar una indemnización a la empresa Ferrovial.

Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución y diputado de CiU en Madrid entre el 1977 y el 1995, hizo una buena amistad en la capital del reino con el empresario Rafael del Pino, fundador de la compañía Ferrovial. De su mano, esta empresa constructora pudo entrar con fuerza en el mercado catalán, gracias a la Generalitat y a los tentáculos de poder de CiU. Siempre se ha dicho –y no se ha desmentido– que Ferrovial se hizo cargo de las deudas que dejó el fracaso electoral de la Operación Reformista, liderada por Miquel Roca Junyent, en 1986.

Aquel mismo año 1986, la Generalitat sacó a concurso la concesión de la construcción y explotación de la autopista C-16, entre Terrassa y Manresa. A esta licitación se presentaron dos ofertas: una encabezada por la Caixa de Barcelona (que en 1990 se fusionó con la Caixa de Pensiones para crear ‘la Caixa’) y la otra por Ferrovial. Contra todo pronóstico, la empresa madrileña se llevó la concesión, ante la estupefacción de la opción catalana.

Ferrovial, a través de su filial Autema, lleva una gestión polémica y antipática de estos 50 kilómetros de autopista, que tiene en concesión hasta el año 2036: precios abusivos, pésima relación con los ayuntamientos y la Generalitat… Eso sí, hace una contribución anual a la fundación de la abadía de Montserrat.

Uno de los negocios más jugosos que tiene Ferrovial en Cataluña es la explotación del vertedero de Can Mata, situado en el término municipal de Hostalets de Pierola (Anoia), que gestiona a través de su filial CESPA. Después de la clausura del gran vertedero del Garraf, a esta instalación van a parar buena parte de los residuos urbanos del área metropolitana de Barcelona.

Las reiteradas protestas de los vecinos y de los ayuntamientos limítrofes al vertedero, a causa de los malos olores y el elevado tráfico de camiones, no han servido de nada y, además, Ferrovial-CESPA ha pedido una ampliación de 17 hectáreas de la superficie de este enorme agujero para continuar vertiendo basuras hasta el año 2041.

Lo más grave de esta enorme montaña de escombros es que los terrenos que ocupa este gran vertedero son un riquísimo yacimiento paleontológico del Mioceno, considerado el más importante de Europa. Aquí se han localizado los restos de homínidos de hace más de 12 millones de años, entre los cuales están los huesos de Pau, Lluc y Laia, que han sido bautizados como los “primeros catalanes” que habitaron esta zona del planeta. A pesar de los lamentos de la comunidad científica, Ferrovial-CESPA continúa, sin cesar, con la destrucción de este lugar único, que merecería estar protegido por la Generalitat.

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