La nueva ayuda del Gobierno central, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aportará algo más de luz a las malogradas economías de 850.000 familias, pero dónde hay luz también hay sombras. "De entrada ya sabemos que no llegará a todo el mundo. Desde ECAS hemos reflexionado mucho sobre las rentas condicionadas, y habrá gente que lo necesita pero que no podrá alegar los condicionantes que piden, como estar más de un año residente en el país, o hacer tres años que están fuera de casa en el caso de los jóvenes", explica Sira Vilardell, vicepresidenta de la Asociación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).
El programa del Ingreso Mínimo Vital, quiere agrupar y homogeneizar todas las rentas de ayuda que se dan, y van desde los 465 euros para hogares unipersonales a los 1.015 por aquellos con hijos a cargo o familias de más de cinco miembros. En Cataluña este ingreso puede estar complementado con la Renta Garantizada Ciudadana de la Generalitat, pero representantes del tercer sector anuncian que hay todo un gran colectivo de gente que se quedará fuera.
Un brindis al sol
Gente que vive en las calles, jóvenes que salen de la tutela de la Generalitat o colectivos de inmigrantes irregulares se quedan fuera de los parámetros. "Tenemos que mirar con lupa la letra pequeña", explica Ferran Busquets, director de Arrels Fundació, asociación que trabaja con el colectivo sintecho. "Si tienen que acreditar un domicilio o si tienen que estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, automáticamente se excluye a la gente que vive en la calle, que ya no tienen derecho a prestación".
En una situación similar se encuentran tanto el colectivo de inmigrantes irregulares, la mayoría trabajando en economía sumergida, y los jóvenes acogidos por la Generalitat que, al cumplir los dieciocho años, salen de su tutela. Francina Alsina, presidenta de la Mesa del Tercer Sector, asegura que esta renta se ha convertido en un brindis al sol, porque deja sin prestación a los que más lo necesitan, los que siempre están fuera del sistema.
La brecha digital
Tener o no acceso a internet o a una cuenta de correo electrónico también es motivo de exclusión, puesto que la renta se pide, únicamente, a través de un sistema telemático. "Las entidades tendremos un rol indispensable para poder hacer el trámite, puesto que al ser telemático hay mucha gente que no tiene acceso", declara Sira Vilardell, de ECAS. "Si no se explica muy bien y se garantiza un acompañamiento a estas personas que lo necesitan, será un caos porque no conseguirán pedirla", explica.
En la misma línea, Francina Alsina afirma que todos los agentes sociales serán fundamentales: "Las personas vulnerables no tienen acceso a todo lo que sea información digital y necesitarán a las entidades para que les proporcionen ayuda; lo único que pedimos es que sea ágil, para qué la brecha digital no pueda ser un escollo para que una persona cobre una prestación".
El lastre de la burocracia
Es precisamente la burocracia el lastre del que, hasta ahora, ha sido la ayuda destinada a las personas más vulnerables, la Renta Garantizada Ciudadana. Cómo explica Ferran Busquets, de Arrels Fundació, "uno de los principales problemas de esta renta es que tiene que ir la persona y a menudo es complejo, especialmente para personas sin hogar, que además no tienen acceso a internet. Muchos se han quedado fuera de la renta garantizada por no saber hacer los trámites". "Esperamos que el trámite sea ágil, entendible y fácil", comenta Sira Vilardell, "porque será la primera barrera para dejar fuera gente".
El Tercer Sector coincide en señalar que la burocracia puede ser determinante para el éxito o no del nuevo IMV, puesto que este fue el principal escollo de la renta garantizada. "Cuanto más burocracia, más complicado y más se multiplica el riesgo que las personas que más lo necesitan queden fuera, y son las que lo necesitan con urgencia. Que no nos pase cómo con la renta garantizada, que se ahogó, en muchos, casos, entre papeleo".
Más pobreza
El porcentaje de población en riesgo de pobreza, en Cataluña, se acerca al 25% de la población, y durante la pandemia del coronavirus se ha visto como las "colas del hambre" aumentan a medida que ha ido avanzando la crisis sanitaria. La Cruz Roja ha recibido 10.000 nuevas peticiones de alimentos, cada semana, desde el 14 de marzo, y sólo el mes de abril la ayuda económica para alimentos ha sido de 324.000 euros.
Antes de la crisis sanitaria, Cataluña tenía el dudoso honor de encabezar el ranking español de pobreza infantil, con un 24%, al mismo tiempo que el presupuesto de la Generalitat para ayudas contra esta lacra es sólo del 0,9% del PIB. En España hay 2,2 millones de niños pobres y el ONG Save The Children ya ha anunciado que el Ingreso Mínimo Vital dejará fuera a dos de cada tres niños. A pesar de que el IMV se considera que es un paso adelante para combatir la pobreza, lo cierto es que deja fuera a los colectivos más necesitados.
