La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga si el rey emérito, Juan Carlos I, cometió un delito al cobrar comisiones por su mediación en la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad (AVE) entre las ciudades árabes de Medina y La Meca. Concretamente, las investigaciones afectan a la segunda fase de las obras conocidas como de el AVE del desierto. Juan Carlos de Borbón habría recibido estas comisiones millonarias después de su abdicación, en junio de 2014, en su hijo Felipe VI y, por lo tanto, habría perdido la inviolabilidad que la Constitución española concede al Rey.
La investigación la lleva la Fiscalía del Tribunal Supremo porque Juan Carlos I ha dejado de ser inimputable pero mantiene el aforamiento en este nivel judicial. En la nota que ha difundido esta Fiscalía se afirma que pretende "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos que se le imputan. Las comisiones investigadas son los 80 millones de euros que, según una antigua amiga del rey emérito, Corinna Larsen, habrían cobrado un empresario saudí y un empresario español. Este último empresario habría entregado su comisión o parte de ella a Juan Carlos de Borbón.
Cuando se publicaron las primeras informaciones de la implicación del rey emérito en este caso, el actual rey Felipe VI, anunció que renunciaba a la herencia de su padre. Además, le retiró la asignación que el Estado le otorga anualmente. En el pasado mes de marzo se supo que Juan Carlos I había contratado para defenderlo en este proceso judicial al abogado Javier Sánchez-Junco, que había sido fiscal anticorrupción.
