El Consejo de Alcaldes del Pallars Sobirà, la Federación Catalana de Asociaciones de Propietarios Forestales (BOSCAT) y el Ayuntamiento de Bellver han promovido un manifiesto en el cual expresan su rechazo a la creación de la nueva Agencia de Patrimonio Natural que ha impulsado el consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet. El manifiesto lo dirigen "a todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, al presidente de la Generalitat y a la sociedad catalana en su globalidad".
Un total de cuatro Consejos Comarcales, casi 50 ayuntamientos, las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD), además de organizaciones empresariales y sectores económicos, colegios profesionales, asociaciones de defensa forestal y el sector agrario, se han adherido al manifiesto para reafirmar su oposición a la Ley de creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (APNB).
Los firmantes del manifiesto denuncian que "esta Ley se ha impulsado sin pedir ni la opinión ni la participación de los principales actores y sectores del territorio, ni de los municipios a los cuales afectará más intensamente", y añaden que "pensamos que en este caso el proceso legislativo se ha llevado a cabo de una forma que no es propia de una sociedad democrática avanzada en que el Govern y el Parlament impulsan las leyes respetando los principios democráticos básicos de información, transparencia y participación de todos los sectores afectados".
El manifiesto también lamenta que "ni el Govern ni los diferentes grupos políticos han explicado cuál es la voluntad real de la Dirección general de Políticas Ambientales, que es quienes impulsa esta Ley, menystenint e ignorando los entes locales y el mundo rural de forma deliberada".
Los firmantes declaran que "esta forma de actuar revela también un auténtico desprecio por el territorio, por los payeses y por los ganaderos, por los propietarios de los bosques y por el sector agroforestal catalán, cosa que se ve confirmada por su exclusión de la gobernanza de la Agencia proyectada, en la cual quedan relegados a un papel puramente testimonial, tal como demuestra la composición y la estructura de su Consejo de Dirección".
Por todo ello, los firmantes piden "que se aplace la aprobación de esta Proposición de ley hasta que no sea consensuada con los entes locales y los propietarios de terrenos afectados", y "que no se incremente la burocratización de la gestión medioambiental en nuestro país, con el aumento de gasto que esto supone, sino que se simplifique, empezando para unificar en un solo departamento las competencias relativas al medio ambiente, al medio natural y en el mundo rural".
DOCUMENTO: Listado de manifiestos impulsores y adhesiones
DOCUMENTO: Manifiesto en relación a la Proposición de ley de creación de la Agencia de Patrimonio Natural
Fàbrega quiere dejar al margen al Ayuntamiento de la Seu de la revuelta del Pirineo contra el consejero Calvet
Por su parte, el alcalde de la Seu d'Urgell, el neoconvergente Jordi Fàbrega, pretende dejar al margen al ayuntamiento del Alt Urgell de la revuelta de la mayor parte de alcaldes y entidades públicas y privadas de las comarcas pirenaicas que han manifestado su oposición a la ley de creación de la Agencia de Patrimonio Natural.
Sus opositores son partidarios del aplazamiento hasta que la proposición de ley no sea consensuada con los entes locales y los propietarios de terrenos afectados, y que contemple una representación no inferior al 50% del mundo local, propietarios forestales y órganos rectores de los espacios naturales.
Fàbrega todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la ley consciente de que un posible enfrentamiento con el principal promotor de la iniciativa, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet -unos de los favoritos en las quinielas a sustituir a Quim Torra en las listas postconvergentes en las próximas elecciones catalanas– le puede perjudicar en sus aspiraciones a llegar a ser, en la próxima legislatura, diputado al Parlamento de Cataluña.
De hecho, se mantiene la incógnita como si se tratara de un auténtico secreto de Estado, de quiénes fueron los dos alcaldes que en el último Consejo de Alcaldes del Alt Urgell, votaron en contra de una moción que pedía "ser escuchados" antes de que la ley se debata en el Parlament. Fàbrega, con la boca pequeña y en petit comité, habría manifestado supuestamente, haber votado a regañadientes favorablemente a la moción.
