La censura aplicada por el director de TV3, Vicent Sanchis, al documental El Cas Rosell va mucho más allá de la supresión de la parte que hacía referencia al origen común de la denuncia del FBI de casos de corrupción amparados por la FIFA con posibles origen y culpabilidad penal en España.
Lo que el espectador se perdió y se explicaba en el programa original, antes de su amputación, fue que en la misma comisión rogatoria que se pedía investigar una transferencia que podría implicar a Sandro Rosell y Ricardo Teixeira, cuando este último era presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), un fiscal de los Estados Unidos afirmaba y probaba que el responsable y socio de Mediapro en América había sobornado a miembros de la FIFA para conseguir derechos de retransmisión de torneos FIFA y había cometido blanqueo de capitales, entre otros delitos.
El personaje, Gerard Romy, socio fundador con Jaume Roures y Tatxo Benet de Mediapro, no fue citado a declarar por la jueza Carmen Lamela pese a admitir ella misma las evidencias, haber autorizado el registro de la sede de Mediapro y haber encontrado pruebas confirmatorias de estos delitos. Así fue como Romy ha dispuesto, desde 2015, de suficiente tiempo para cortar su relación con Mediapro, sociedad que se ha pseudo-disuelto en la matriz de Imagina, que es hoy parte de un grupo de empresas del que Roures y Benet ya no son directamente propietarios. Romy, aunque ahora finalmente acusado por los americanos, sigue libre cinco años después.
En cambio, Lamela puso a Rosell bajo vigilancia y, aunque no había encontrar indicios probatorios, no sólo lo encerró preventivamente en la prisión durante casi dos años, sino que instruyó artificiosamente, como se comprobó en el juicio, una causa pidiéndole más de 50 millones de multa y una condena de cárcel propia de un delito de sangre. En realidad, no sólo a Rosell, también a su mujer, socios y amigos, cuyas vidas han sido un infierno estos últimos años.
TV3, así pues, dejó la injusticia del caso Rosell en el umbral de la incomprensión y de su verdadero origen, como si hubiera sido sólo uno de aquellos disparates de la administración de justicia. Cortó lo que el documental, con la cautela y el máximo sigilo, pretendía explicar más allá de lo que los hechos judiciales -la absolución total- han confirmado y denunciado: la protección de un presunto culpable y el ensañamiento contra un presunto inocente. Que se pueda interpretar que alguna jueza o todo un organismo como la Audiencia Nacional se pasan los preceptos jurídicos por la toga no sería tan grave como pensar que depende quién, con más o menos poder, puede beneficiarse de la actuación de algunos popes de la judicatura.
TV3, evidentemente, censuró lo que con toda seguridad habría sido el documental más valiente de su historia desde el momento en que se negó a emitirlo para no ser el primero en tratar el caso Rosell. De hecho, no lo habría emitido si el propio Rosell no hubiera alertado de que algo pasaba con esta historia que había concedido en exclusiva a TV3. Obligado finalmente por las circunstancias, Vicent Sanchis lo emitió fuera del prime time, recortado y sin ruborizarse.
