El consejero de Interior, Miquel Buch, ha presentado este viernes un plan de la Generalitat de Cataluña para garantizar el ejercicio del derecho de manifestación de manera segura mientras se mantenga la lucha contra la pandemia del coronavirus. La implementación de las medidas, sin embargo, depende en primer lugar de la aprobación del comité técnico del Procicat y, por último, del visto bueno del gobierno español.
"Nos preocupa y mucho que alguien quiera aprovechar lo que vivimos para laminar los derechos fundamentales de los catalanes y catalanas", ha manifestado el consejero en una comparecencia telemática durante la cual ha afirmado que "el Gobierno de España nos laminó las competencias" y que "nosotros no podemos gobernar con absoluta normalidad como hacíamos hasta ahora, y por lo tanto tiene que ser Madrid quien tiene que autorizar las manifestaciones".
Entre las medidas del plan presentado por Buch están la distancia de dos metros entre los manifestantes, la prohibición de celebrar estas marchas en calles de menos de 20 metros de ancho, el uso obligatorio de mascarillas y el fomento de la limpieza de manos, la organización de concentraciones que no se desplacen, y el impedimento de mostrar pancartas u otros objetos sujetados por más de un participante.
Preguntado sobre el motivo por el que la Generalitat presenta una propuesta específica sobre el ejercicio del derecho de manifestación, el titular de Interior ha respondido que es "difícil" explicar que los ciudadanos pueden ir a sus puestos de trabajo, desplazarse con el metro y comprar, pero no manifestarse.
Asimismo, ha dicho que la consejería de Interior asume el control sobre el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, y que el hecho de no poder decir ahora cómo lo lograrán "no tiene que servir de excusa", ya que considera que es su obligación "que estos derechos se puedan ejercer con absoluta normalidad".
