Aunque no hable nadie de ello, el Principado de Andorra sufre con especial severidad la pandemia de la Covid-19. Está en lo más alto de las estadísticas mundiales, tanto por el número de muertos (621 por millón de habitantes) como por el número comparativo de contagios (9.810 por millón de habitantes). Hasta este el pasado martes, en el país del Pirineo se habían contabilizado 48 víctimas mortales y 758 infectados y los tests masivos que se han empezado a realizar a la población a buen seguro que dispararán esta cifra.
El coronavirus está provocando, además de una trágica crisis sanitaria, una brutal recesión económica. Y, en este sentido, Andorra está más tocada y desprotegida que ningún otro país del mundo. Por voluntad expresa de sus dirigentes políticos y por un pecado de soberbia en el concepto de “soberanía”, el Principado no forma parte ni de la Unión Europea (UE) ni del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto hace que, en esta gravísima situación, no tenga acceso a inyecciones externas y masivas de dinero, como sí que tienen el resto de países europeos.
Además, su estructura económica –basada en el turismo, el comercio y la banca– hace que el país se esté hundiendo como un castillo de cartas. El gobierno, que preside Xavier Espot, ha tenido que recurrir a préstamos de la banca local -muy debilitada desde que Andorra, obligada por las autoridades internacionales, ha dejado de operar como un paraíso fiscal– para intentar apagar el pavoroso incendio empresarial, comercial y social que ha provocado la pandemia.
Las políticas ultraliberales que han caracterizado el crecimiento del país en las últimas décadas ahora no sirven de nada y ponen al descubierto las endémicas carencias que sufre, tanto en la cobertura de los trabajadores, que no tienen seguro de paro, como de los autónomos y de los sectores más desvalidos de la sociedad, que cobran unas misérrimas prestaciones y pensiones del Estado. Con las fronteras cerradas y sin turistas que llenen sus tiendas, el Principado es un cementerio viviente y su futuro es más complicado que en ninguna otra parte.
Tampoco ayuda que los máximos representantes institucionales de Andorra –herederos del antiguo sistema feudal de coprincipado– sean el lejano presidente francés, que bastante trabajo tiene para combatir la virulenta pandemia en el Hexágono, y el obispo de la Seu d'Urgell, que, situados en el siglo XXI, no tiene ningún poder diplomático real y efectivo. La Covid-19 ha hecho estallar la burbuja andorrana y corresponde a los 75.000 habitantes que viven y trabajan –tengan o no tengan la nacionalidad– enderezar el país.
Dicen que de las crisis nacen las grandes oportunidades. Andorra tiene el derecho y la obligación de encontrar y comenzar un nuevo camino de prosperidad. Sus dirigentes tienen que ser realistas e impulsar, sin más dilaciones, el proceso de integración a la Unión Europea, el único paraguas efectivo que puede proteger a los andorranos ante esta terrible pandemia y darles un marco de estabilidad y progreso para encarar el futuro.
