El siglo XX ha sido una tragedia para los Pirineos. La construcción de pantanos para la producción de energía eléctrica en los valles y desfiladeros de la cordillera provocó la destrucción de los campos de cultivo, la obstrucción de las vías de comunicación naturales y, en consecuencia, una migración masiva de la población pirenaica hacia las grandes ciudades.
La pérdida demográfica ha provocado, en las últimas décadas, una crónica decadencia económica de la zona pirenaica que ni el fenómeno del turismo ni los deportes de montaña no han conseguido cambiar. La producción de energía eléctrica de los pantanos se ha destinado a hacer funcionar las industrias y a iluminar las ciudades, a muchos kilómetros de distancia. Cataluña ha prosperado gracias a las centrales hidroeléctricas de montaña, pero esto ha estado, objetivamente, una ruina y una desgracia para el Pirineo.
LA POTENCIA DE UN REACTOR NUCLEAR
Pero, como dice el refrán, no hay que mal que 100 años dure. En el caso de las comarcas pirenaicas, 75 años, concretamente. Este es el plazo máximo, fijado por la Ley de Aguas (artículo 59.4), de vigencia de las concesiones relacionadas con el dominio público hidráulico. Esto quiere decir que todas las centrales hidroeléctricas que fueron construidas antes del año 1945 ya han agotado su periodo concesional y tienen que pasar a manos del Estado.
Según los datos consultados por EL TRIANGLE, hay diez centrales hidroeléctricas en Cataluña, la mayoría en el Pirineo, que ya tienen vencida la concesión. Son las de Cabdella (en funcionamiento desde el 1914), Serós (1914), Sossís (1914), Talarn (1916), Camarasa (1920), Pobla (1920), Molinos (1921), Sant Llorenç de Montgai (1930), Gavet (1931) y Terradets (1935). Este conjunto de centrales tienen una potencia conjunta de unos 900 Mw, el equivalente a un reactor nuclear.
DOS CENTRALES RESCATADAS
La progresiva nacionalización de las centrales de producción de energía del Pirineo es una gran oportunidad para estas comarcas deprimidas, tanto económicamente como demográficamente. Se calcula que el kilovatio de origen hidroeléctrico tiene un coste de un céntimo, mientras que el procedente otras fuentes energéticas cuesta entre 6 y 17 céntimos. Esta enorme diferencia da un gran margen para poder desarrollar políticas de incentivación de la actividad empresarial en las zonas donde hay los pantanos.
A pesar de que la Ley de Aguas especifica la caducidad de los 75 años de las concesiones hidráulicas, las compañías eléctricas –en especial, Endesa- se han hecho el “loco” a la hora de acatar la legislación y devolver los activos al Estado y han presentado un montón de pleitos y recursos para intentar ganar el máximo de tiempo y continuar ordeñando este provechoso negocio. También es cierto que la administración competente para hacer cumplir la ley, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), con sede en Zaragoza, ha estado poco activa para emprender el rescate de los embalses y no se ha puesto las pilas hasta hace poco. De momento, ya ha conseguido recuperar las centrales de Pueyo de Jaca y Auxiliar de Campos, en Huesca.
… Y MULTA DE 20 MILLONES DE EUROS
En este contexto, la sala del contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional acaba de dictar una sentencia, a la cual ha tenido acceso EL TRIANGLE, de gran importancia jurídica. Se trata de la desestimación del recurso presentado por Endesa contra la decisión de CHE de rescatar la central hidroeléctrica de Lafortunada-Cinqueta, en el Pirineo de Huesca y, por lo tanto, su plena validación . Además, la Audiencia Nacional ha condenado Endesa a pagar una indemnización de 20 millones de euros por haber continuado explotando esta central fuera del plazo concesional.
Esta sentencia también es importante porque recoge explícitamente, en sus argumentos jurídicos, el límite improrrogable de 75 años en la explotación privada de las centrales hidroeléctricas. Esto refuerza la jurisprudencia parcial existente hasta ahora del Tribunal Supremo y un dictamen puntual del Consejo de Estado.
LAS DENUNCIAS DE LA CUP
La victoria judicial de la CHE sobre Endesa es un precedente que puede acelerar el proceso de rescate y nacionalización de todas las centrales hidroeléctricas del Pirineo a medida que vayan caducando las concesiones de 75 años. Si las instituciones y las fuerzas políticas, empresariales y sociales del territorio actúan con determinación y coordinación para reclamar la reversión de los beneficios que generan estas instalaciones, se abre una gran ventana de oportunidad para la recuperación y desarrollo de esta zona, injustamente masacrada y empobrecida por la construcción de los pantanos.
En este sentido, hay que señalar la valiente actuación de la CUP de la Vall Fosca (Pallars Jussà), que ha denunciado a la compañía Endesa ante la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Antifraude de Cataluña y la CHE por la presunta usurpación de cuatro centrales hidroeléctricas que ya tienen vencida su concesión desde hace años. Como consecuencia de estas denuncias, la Fiscalía de Lleida mantiene abierta una investigación sobre estos hechos.
