La Marea Blanca, plataforma en que coinciden los movimientos ciudadanos de defensa de la salud pública, califica de "antisociales" los presupuestos del Departamento de Salud aprobados el pasado viernes en el Parlamento de Cataluña. “Otra vez el dinero público se destina a favorecer los criterios de protección de intereses privados sobre el bien social y la sanidad y salud públicas”, afirma en un comunicado.
Los presupuestos de la Generalitat para el 2020 contaron con los votos favorables de JxCAT y ERC y votaron en contra Ciudadanos, PSC, PP y la CUP. La abstención de Catalunya en Comú-Podem hizo posible que fueran aprobados. El presupuesto de Salud para el 2020 es todavía un 0,7% inferior al que se aprobó en los presupuestos de 2010, los útlims antes de que el primer gobierno de Artur Mas después del tripartito de izquierdas empezara a aplicar recortes drásticos en las partidas sociales.
Esta plataforma ya se oponía en los presupuestos previamente al estallido de la pandemia de la Covid-19 y considera ahora que, además, no se ha tenido en cuenta la agravación de las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables que ha provocado. Afirma que se trata “de unos presupuestos antisociales, no adaptados a la nueva realidad social, dada por los recortes salvajes de los últimos años y agravada por la aparición de la pandemia y denuncia, además, la aprobación del decreto ley que calcula en 43.000 euros el coste del tratamiento de cada enfermo de la Covid-19 en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales privados".
El comunicado añade que “mientras la gente muere, el gobierno negocia tarifas con la patronal sanitaria como si se tratara de un contrato mercantil cualquiera” y señala y critica que se utilice una herramienta legislativa prevista por situaciones de urgencia: “Pero la urgencia, irrisoriamente, no es para las personas enfermas ni para los trabajadores precarios y con carencia de protección, tampoco por la falta de test efectivos, sino que corresponde a la urgencia de un lobby empresarial que, parasitando el sistema público, pretende asegurarse sus intereses y beneficios económicos”.
Antoni Barbarà, portavoz de la Marea Blanca, ha afirmado que "podrán perpetrar esta fechoría pero que no mencionen nunca más a los movimientos sociales. Ni se imaginan la factura social que les exigiremos".
