Los centros penitenciarios catalanes se están convirtiendo en un polvorín a raíz de la pandemia de la Covid-19. Reclusos sin permisos y sin vis a vis para poder ver a sus familiares, módulos confinados, centros cerrados… y mientras tanto, la Generalitat aparcando las reivindicaciones hechas por los funcionarios.
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, el sindicato Acaip, pidió con carácter de urgencia que la Unidad Militar de Emergencias, la UME, fuera a las prisiones catalanas para desinfectarlas, así como tener acceso a equipos de protección individual y la realización de los tests rápidos al personal de prisiones, para saber quién estaba infectado y tenía que guardar la cuadragésima. De todo esto, el Gobierno catalán han hecho oídos sordos y de momento no hay respuesta.
El coordinador autonómico del Acaip, Francesc López, ha declarado a través de un comunicado que "el Acaip se reserva las acciones civiles y penales que procedan contra los responsables por los contagios y muertos que se produzcan entre el personal penitenciario debido a la omisión de las medidas de protección".
En el mismo escrito se pone de manifiesto que el gobierno central ha distribuido más de un millón de tests rápidos, 180.000 de los cuales han llegado a Cataluña, pero ninguno de ellos lo ha hecho en las prisiones catalanas. Esto sí, a los funcionarios les ha llegado una carta del secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Armand Calderó, felicitándoles por su tarea. Una carta que Acaip ha tildado de "paternalismo, mientras los materiales necesarios no llegan a los establecimientos".
Mientras esperan que lleguen los tests de detección rápida, la Generalitat si se ha dado prisa en iniciar un proceso de selección de personal para cubrir las posibles bajas en las prisiones catalanas.
